Las víctimas de tráfico urgen a los jueces a no ser “laxos” con los delitos viarios y aplicar la ley “con rigor”

Stop Accidentes denuncia la desprotección frente a los delincuentes en carretera | Aunque la ley prevé cuatro años de cárcel por homicidio, la mayoría de sentencias imponen solo dos

Josep, falleció en 2020 arrollado por un turismo que invadió el carril por el que circulaba con su moto, en la AC-442, en Dumbría. |   // CEDIDA

Josep, falleció en 2020 arrollado por un turismo que invadió el carril por el que circulaba con su moto, en la AC-442, en Dumbría. | // CEDIDA / R. Prieto

No reclaman penas más duras, solo que los jueces apliquen las que recoge el Código Penal. “Olvido” e “indiferencia” por parte de las administraciones e incluso de la sociedad es lo que sienten las víctimas de tráfico y sus familiares. Si ya perder a un hijo, un padre o un amigo en el asfalto les resulta el golpe más duro que jamás hubieran pensado tener que afrontar, después toca ir al juzgado y ver en el banquillo al conductor que por exceso de velocidad, haberse tomado una copa de más o circular bajo los efectos de las drogas cometió el embiste mortal. “Si los jueces aplicasen con rigor, la ley habría muchos más delincuentes viarios en prisión; los delitos de tráfico son un estorbo para los jueces, no hay sentencias ejemplarizantes”, denuncia Jeanne Picard, delegada de Stop Accidentes en Galicia, que apremia a la Administración de Justicia a hacer cumplir las penas que recoge el Código Penal a los responsables de una muerte en carretera. “Se está aplicando la ley con laxitud; la Justicia es garantista con el delincuente viario, no se protege a las víctimas”, lamenta Picard, quien se pregunta si el Código Penal establece hasta cuatro años de cárcel por homicidio imprudente, por qué se aplica la pena mínima. Una condena a dos años de cárcel que, en la práctica, el acusado no tiene que ingresar en prisión si carece de antecedentes penales.

Nada más conocer la condena impuesta al joven conductor que invadió el carril contrario por el que circulaba su hijo en moto provocando el impacto mortal, Pilar Rosanes Gutiérrez denunciaba a este periódico desde Barcelona que con ese fallo habían matado de nuevo a Josep. En una curva limitada a 70 kilómetros por hora, Assier G. S. , natural de O Pino y vecino de Pontevedra, circulaba al menos a 116 km/h. Era una vía de doble sentido, con dos carriles separados por línea continua, la carretera estaba seca, limpia y en buen estado de conservación, la visibilidad era buena y sin condiciones atmosféricas desfavorables. Ocurrió el 9 de agosto de 2020 en la AC-442, a su paso por Dumbría. Josep, de 20 años, hacía el primer viaje en moto con su padre, que circulaba detrás y fue testigo del impacto mortal. El fallo llegó la semana pasada a la familia, de origen gallego y afincada en Barcelona. Dos años de cárcel y, según lamenta Pilar, “sin el más mínimo arrepentimiento por parte del conductor que durante el juicio ni perdón pidió”. Con esta condena, al no tener antecedentes, el acusado no tendrá que ingresar en prisión. “Sale más barato matar a alguien en carretera que asaltar unos contenedores”, denunciaba en declaraciones a este periódico tras recibir la sentencia.

Los propios fiscales en materia de Seguridad Vial advirtieron en los últimos años que con los delitos de tráfico todavía hay reparo a castigarlos con penas de cárcel. La receta para combatirlos, coinciden, está en la educación, más controles y la adecuación de la pena al perfil.

“Al final acaba en prisión el que acumula varios delito viarios, bien por alcoholemia, conducción temeraria, o aquellos que se ven implicados en un accidente muy grave con varios fallecidos”, lamenta la delegada de Stop Accidentes en Galicia. Son muy pocos, denuncia, los que acaban entre rejas por haber matado a alguien en carretera ya que la práctica totalidad de las sentencias se quedan en dos años de prisión.

¿A qué se enfrenta un delincuente viario cuando se sienta en el banquillo? Las penas van desde las multas a trabajos en beneficio de la comunidad y el ingreso en prisión para los casos graves o de multirreincidencia. Todos ellos con la correspondiente retirada del permiso de conducir de tres meses hasta seis años, según la gravedad de los hechos. En la última década, más de 66.000 conductores gallegos fueron llevados a juicio por uno o varios delitos al volante. Pero los jueces finalmente dictaron el ingreso en prisión para el 2%, apenas 1.400 de los delincuentes viarios que se sentaron en el banquillo en este periodo. Es decir, una media de 140 cada año. La pena de cárcel media impuesta en Galicia para estos ilícitos penales va de los seis a los nueve meses.

Desde hace años, Galicia está marcada en rojo en los mapas de la DGT ya que junto con Baleares y Murcia es la comunidad que suma más delitos viarios. De representar en 2007 las infracciones penales al volante poco más del 10% de todas las causas llegadas a los tribunales gallegos, en la actualidad acaparan ya el 40% de todos los juicios celebrados en la comunidad. La mayoría son por conducir bajo los efectos del alcohol o por hacerlo sin carné.

Stop Accidentes reclama a Justicia e Interior un teléfono único para todas las víctimas

Se sienten víctimas de segunda y reclaman atención integral y un teléfono único para todos los afectados por un hecho delictivo, ya sea de violencia de género, bullying o un homicidio en carretera. La delegada de Stop Accidentes en Galicia, Jeanne Picard, se reunió la semana pasada con responsables de los Ministerios de Justicia e Interior para poner sobre la mesa las necesidades de las víctimas y sus familiares.

“Necesitamos una atención integral por parte de las administraciones que deberían contemplar y unir en un organismo rector a todas las víctimas de hechos violentos. Es de justicia social proteger los derechos humanos”, defiende Picard, quien pone como ejemplo Francia, donde hay una delegada interministerial para todas las víctimas y un teléfono único al que dirigirse.

Aunque hay oficinas de atención a Víctimas, las de tráfico no acuden al no sentirse identificadas: “Ni siquiera se nos nombra en los folletos, ni en la web del Ministerio. Seguimos siendo víctimas olvidadas y esa falta de apoyo provoca una segunda victimización a las familias”. Justicia se comprometió a corregir este error. También trasladaron a Interior la posibilidad de disponer de un número de teléfono para las víctimas de la violencia vial con una “escucha activa” que sepa “informar y acompañar a las víctimas y sus familiares, más allá de las emergencias”.

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