Los trabajadores de autobús amenazan con una huelga indefinida a mediados de abril

Todavía no ha habido la huelga de autobuses convocada para este viernes en toda Galicia y los trabajadores ya tienen sobre la mesa nuevas movilizaciones. En la agenda tienen previsto otro paro, aunque en esta ocasión de carácter indefinido, a partir de mediados del próximo mes de abril. El sector del transporte de viajeros por carretera, que en la comunidad gallega suma 250 empresas con una flota que supera los 3.700 vehículos y unos 5.000 trabajadores, no se pondrá al volante este viernes en demanda de mejoras salariales y laborales, pero según confirmaron ayer a este periódico recurrirán los servicios mínimos fijados por la Xunta a través de la Dirección Xeral de Mobilidade: del 100% para el transporte escolar, del 75% para los traslados de trabajadores y del 50% para las líneas regulares. “Serán de una media del 75%, son muy abusivos, se busca reventar la huelga”, avanza el secretario de Transporte de la CIG, Jesús Pastoriza. Por ello, los tres sindicatos convocantes, CIG, UGT y CCOO, se reunirán después de Semana Santa para programar un nuevo calendario de movilizaciones, que incluye una huelga indefinida.

Coincidiendo con la jornada de paro convocada para este viernes habrá concentraciones en las grandes ciudades gallegas a las 11.00 horas en las estaciones de autobuses, con la excepción de Pontevedra que será a las 18.00 horas. El parto también afectará a los autobuses urbanos de las ciudades que no tengan convenio propio y estén al amparo del provincial, como es el caso de Ferrol y Santiago.

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Representantes de CCOO, UGT y CIG comparecieron ayer en rueda de prensa en las principales ciudades de Galicia para informar de los motivos que les han llevado a esta movilización. Un sector con salarios “pobres”, “jornadas de 12 horas o más” y un “dudoso control” de la carga de trabajo. Así resumen la situación actual de los conductores de autobús en Galicia, con convenios paralizados y condiciones laborales “del siglo pasado”. Los convocantes sitúan el origen del conflicto en la “intransigencia” de la patronal, en la que tienen peso determinante dos grandes empresas, frente a una plantilla con sueldos que rozan el mínimo.

Tres son los ejes de la huelga del sector, que se iniciaron con protestas en A Coruña —el pasado mes de febrero— y en Santiago —hace casi dos semanas—. El primero, la actualización de los convenios. Aunque son provinciales, los problemas de las plantillas son similares en toda Galicia: en Pontevedra está caducado desde 2020 y la patronal ofrece una subida salarial del 0,8%, la misma que se ofrece en la provincia de A Coruña; y en Ourense y Lugo —explican— “ni siquiera se sientan a negociar” o los últimos contactos “datan de la prehistoria”. El segundo motivo de las protestas obedece al estado de los vehículos, con un mantenimiento deficitario y averías continuas, y el tercero, al estado del servicio (tardanza de los refuerzos, madrugones para evitar quedarse sin plaza, llegadas tarde al destino). Esta situación provoca, según advierten, “insultos y amenazas prácticamente a diario” por parte de los usuarios del servicio.

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“La patronal tiene los convenios paralizados con el beneplácito de la Xunta”, denuncian desde los sindicatos. En la actualidad, en la comunidad hay una concentración, advierten, en manos de un grupo del 80% de los servicios de viajeros, escolar y regular. Con los concursos para otorgar las líneas de transporte público, aseguran, se creó “un gran monopolio” con lo que “se deterioró el servicio”, mientras la Xunta —cuestionan— “no vigila el cumplimiento de los pliegos”.

Desde la Federación Galega de Asociacións de Transporte de Viaxeiros en Autocar (Transgacar), explicaron en declaraciones a este periódico tras el anuncio de la huelga para el viernes que “no hay margen de maniobra” para atender sus reclamaciones ya que al desembolso que tuvieron que hacer las empresas con el plan de transporte público de la Xunta en 2019, con la renovación de la flota y los contratos; y el embate de la pandemia, con un parón de la actividad, se suma ahora el impacto de la guerra en Ucrania y la desorbitada inflación. El coste de los transportes, apuntaban, creció desde enero de 2020 entre un 15 y un 16% y el 15% de las empresas del sector en la comunidad se vieron obligadas a echar el cierre.

Ante el argumento de la parte empresarial que “los números no dan”, los sindicatos denuncian que pretenden usar a los trabajadores, empeorando su situación, para “presionar” a las administraciones, de las que reciben ayudas, cuyo destino “es un misterio”, y lograr así que revisen las tarifas de las concesiones.

Jornadas maratonianas al volante, salarios “pobres” y flota deficitaria

Los conductores advierten de jornadas laborales de hasta 15 horas, diez al volante. A estas jornadas maratonianas denuncian, se suma la falta de mantenimiento de los autobuses. Gran parte de la flota —aseguran desde los sindicatos— no llega a pasar la ITV. Además, sostienen que no todos los viajes se fichan en el tacógrafo. Y la plantilla, con salarios “pobres”. Con la subida que ofrece la patronal del 0,8% en cuatro años, los empleados calculan que perderían un 5,7% de su poder adquisitivo.

Desde A Coruña, el secretario de Transporte en la CIG reprochó ayer a la Xunta “dejadez en el control de un servicio tan importante”. En esta línea, Pastoriza advirtió de las quejas entre usuarios y ayuntamientos por problemas en la prestación y también se refirió a la antigüedad de los vehículos, “una media de seis años”, aunque hay otros con “15 años”. En relación a esta cuestión, apuntó que la Xunta está “pasando olímpicamente” y reclamó un mayor control.

Mientras, tanto Miguel Campos, de UGT, como Pedro Beade, de CCOO, hicieron hincapié en el “descontento” entre los trabajadores, además de cuestionar el incremento salarial que plantea la patronal. “Del 0,8% al año, alegando que los contratos con la Consellería de Educación o Mobilidade no les permite superar esto”, lamentaron.

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