El juicio del Alvia encara su fase final: acaba en dos meses

Cuando falta poco más de un mes para que se cumpla una década de la tragedia del Alvia en Angrois, el juicio para determinar responsabilidades penales y resolver sobre las indemnizaciones encara su recta final a partir de mañana y, en principio, hasta el 27 de julio.

El 24 de julio de 2013 un tren Alvia descarriló en la recién inaugurada por entonces línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. Ocurrió a pocos metros de la curva de A Grandeira, en la víspera del día grande de Galicia, junto al barrio compostelano de Angrois, donde 80 personas perdieron la vida y 145 resultaron heridas.

En el banquillo de los acusados se sientan dos hombres: el maquinista Francisco Garzón y el ex director de seguridad de Adif —el administrador ferroviario— Andrés Cortabitarte. Se les atribuyen 80 delitos de homicidio y 145 de lesiones por imprudencia profesional grave.

El fiscal y también la plataforma de víctimas solicitan cuatro años de cárcel para cada uno, en relación con la conducción del maquinista y con el análisis de riesgos al que estaba obligado el en su momento director de seguridad de Adif. Además, también se les imputa un delito de daños.

La titular del juzgado de lo penal número 2 de Santiago, Elena Fernández Currás, llegó a asegurar que su “intención” y hasta su “deseo” es que haya una sentencia al final del juicio que satisfaga a los perjudicados por este siniestro. Con todo, la magistrada no podrá entrar en cuestiones como si existía o no dolo eventual en el comportamiento del exdirector de seguridad de Adif, como perciben las víctimas, o en el ataque contra el derecho de los trabajadores que sufrió el maquinista, como alega su abogado.

Lo que sí podría hacer, según explican expertos consultados por Europa Press, es remitir oficio a la Fiscalía si considera que hay otra u otras personas que tienen responsabilidades penales. “Esto no ocurre todos los días pero sí puede pasar, y el momento apropiado sería al final del proceso”, exponen estas fuentes.

El apartado de los atenuantes también tendrá peso en esta recta final del juicio, que arranca mañana con la exposición de conclusiones. Uno de ellos es de las dilaciones indebidas, aunque su impacto debe responder a una “cierta proporcionalidad” y la jueza ha de tener en cuenta la complejidad de la causa que acumula “más de 50.000 folios a doble cara”.

La instrucción duró más de siete años, con dos cierres frustrados y uno definitivo en septiembre de 2020. La investigación la llevaron dos jueces (Luis Aláez y Andrés Lago) y durante la misma hubo retrasos provocados por requerimientos a Adif para que aportase documentación, un error en la dirección al enviar el juzgado un escrito a Europa y hasta sospecha de plagio de informes.

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