La Xunta inicia su primera investigación sobre los dueños de fincas abandonadas

La Xunta ha puesto en marcha su primer procedimiento oficial para investigar la titularidad de fincas abandonadas, una función que hasta ahora realizaba el Estado. El proceso lo desarrollará la Consellería do Medio Rural a a través de la Axencia de Desenvolvemento Rural (Agader) en el lugar de Mouteira-Parada, en el concello pontevedrés de Cerdedo-Cotobade, donde se quiere implantar una aldea modelo para recuperar el suelo agrario en desuso y, al mismo tiempo, utilizarlo como barrera natural contra los incendios.

En esta localidad se trabaja en una superficie de 17 hectáreas repartidas en 427 parcelas de las que se conocen 109 dueños. Pero hay otras 77 fincas de las que no se sabe quiénes son sus propietarios, que es lo se tratará de averiguar ahora.

Como paso previo al inicio del expediente de investigación, se consultó la información catastral, el registro de la propiedad y, en colaboración con el Concello, se recogió la documentación aportada por los vecinos y titulares de los predios, y ahora toda la información se trasladará a las diferentes administraciones para que se difunda lo máximo posible durante un plazo de 20 días. A continuación, las personas afectadas podrán alegar durante un periodo de un mes.

Para hacerlo, deberán aportar los datos, antecedentes o documentos que consideren pertinentes para acreditar su derecho, mediante escrito dirigido a Agader.

El procedimiento tendrá que resolverse en un plazo máximo de dos años y, a su final, se dará traslado a Administración General del Estado para la actualización de los datos catastrales.

La facultad de investigar a los propietarios de fincas abandonadas es una de las grandes novedades de la Lei de Recuperación de Terras Agrarias, en la que se reguló la fórmula que atribuye por primera vez a la Xunta esta capacidad cuando se trata de suelo rústico o de núcleo rural.

Las parcelas sujetas a este procedimiento de investigación serán integradas transitoriamente en el Banco de Terras para poder ponerlas en producción. De este modo, se evita tanto el propio deterioro de los predios como el riesgo ambiental que supone su situación de abandono, al tiempo que se posibilita su aprovechamiento agrario.

Esta integración cautelar no supone la pérdida de derechos por parte de posibles titulares, ya que en caso de aparición de la persona titular del predio se le hará entrega de este y de las rentas derivadas por su arrendamiento.

En la actualidad, el Banco de Terras tiene en cartera un total de 12.883 propiedades que suman casi 5.900 hectáreas. Son ya casi un 30% más que las registradas hace cinco años (10.061). Y de ellas, están ya alquiladas 3.965, un 55% más que hace un año, pero el triple que las apenas 1.300 arrendadas hace un lustro.

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