La Xunta usa 500 millones sin gastar para pagar sueldos y facturas de final de año

El mes de diciembre, suele ser un período de convulsión en las dependencias de la Consellería de Facenda, que cada año se afana por cerrar el balance económico de la administración con el mayor equilibrio posible. En esta ocasión, sin embargo, la inyección adicional de fondos para pagar nóminas y facturas rozó los 500 millones de euros, que procedieron de dinero sin gastar de las consellerías con los que se cubrieron los balance de la sanidad, la educación y la política social, fundamentalmente.

El departamento dirigido por Miguel Corgos autorizó veinte modificaciones presupuestarias el pasado mes de diciembre para que esas consellerías pudiesen hacer frente a gasto corriente como son salarios y material, para los que carecían de fondos propios, según la documentación oficial del Ejecutivo autonómico.

Si en diciembre de 2022, las inyecciones de dinero adicional sumaron 478,1 millones, en esta ocasión alcanzan los 497 mediante el uso recurrente de una práctica criticada en ocasiones por el Consello de Contas, que considera que evidencia un defectuoso modo de presupuestar gasto ordinario previsible, abusando del denominado fondo de contingencia, previsto como una reserva para imprevistos.

Entiende Contas que se presupuesta a la baja mucho dinero y luego se modifican partidas entre departamentos, por lo que el presupuesto aprobado inicialmente dista de responder a la realidad. La sanidad, la partida que más dinero de la administración se lleva cada año, es el protagonista principal. “La finalidad para la que se dota [el fondo de contingencia] está fundamentada en la cobertura de necesidades, de carácter no discrecional, no previstas en el presupuesto inicial. Sin embargo, se destina a gastos que se pueden estimar inicialmente, situación que se presenta con carácter recurrente como se puso de manifiesto en informes precedentes”, indica el último informe de Contas referido al Sergas en el ejercicio 2020.

Los casi 500 millones extra para cubrir gastos que Sanidade, Educación y Política Social no podían afrontar proceden de remanentes de 2022 y partidas no ejecutadas por otras consellerías, que se derivan íntegramente al fondo de imprevistos y luego se distribuyen para ir tapando agujeros contables.

De esa cifra, 279 se destinaron a salarios; 210,5, a material sanitario y medicamentos; y 7,5, a convenios con la sanidad privada, según la documentación contable remitida al Parlamento a mediados de mes.

Desglose

La mayor parte de esas necesidades corresponden al Servizo Galego de Saúde (Sergas), que necesitó 387 millones de euros, lo que supone el 78% del total. Las nóminas de trabajadores sanitarios sumaron 168 millones; convenios que se quedaron cortos con la sanidad privada, los citados 7,5; y material médico y coste de medicamentos y recetas, casi 211.

De hecho, la modificación presupuestaria de mayor envergadura del año corresponde a la aportación al Sergas de 122,3 millones “con el objeto de disponer del crédito necesario para la financiación de la nómina del mes de diciembre del personal que presta servicio en las Áreas Sanitarias que conforman la estructura organizativa del Servizo Galego de Saúde”, según consta en el expediente.

En el capítulo de las facturas, los medicamentos —tanto las recetas financiadas como los usados en los hospitales— y productos sanitarios como prótesis de cadera, guantes o gasas, por ejemplo, suponen un capítulo que crece a un ritmo superior a la media del resto de desembolsos de la administración. El año pasado, por primera vez alcanzaron los 1.800 millones de euros, un 50% más que hace nueve años y 140 millones más que hace tres años, derivado de la inflación, pero también del envejecimiento de la sociedad gallega, que genera una mayor demanda asistencial en la red sanitaria.

El resto de fondos se dividieron entre los 77 millones que necesitó la Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades —departamento dividido ahora en Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, por un lado, y Cultura, Lingua e Xuventude, por otro— para pagar nóminas y cuotas de la Seguridad Social.

Además, Política Social obtuvo otros 24,3, distribuidos en varias aportaciones para los sueldos de personal del Consorcio Galego de Igualdade e Benestar (7 millones) o la Axencia de Servizos Sociais. En este caso, 12,6 millones se derivan a “dotar de crédito al presupuesto del capítulo I para abonar la nómina de diciembre en aquellas aplicaciones cuyo déficit no es posible atender con los fondos propios”. Este dinero no procede de otras consellerías, sino que se transfieren de partidas destinadas a obras dentro del propio departamento dirigido por Fabiola García. En lugar de ejecutar esas actuaciones, se pagan sueldos.

A este trío de departamentos se une también la Vicepresidencia Primera que encabezó Diego Calvo, que necesitó 9,3 millones de euros para poder también abonar los sueldos de su departamento, según la citada información contable oficial.

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