Las víctimas presionan a Tráfico para emular a Francia y crear el delito de “homicidio vial”

“Los delitos de tráfico no están suficientemente castigados”, sentencia Jeanne Picard, delegada de Stop Accidentes en Galicia. Las víctimas reclaman una revisión “seria y rigurosa” de las penas para conseguir una Justicia que les aporte protección frente a un modelo —denuncian— “garantista con el delincuente vial”. Los homicidios imprudentes al volante en España suelen quedarse en la retirada del carné de conducir durante unos años ya que si la pena no supera los dos años, como ocurre en la práctica totalidad de los casos, no se produce en el ingreso en prisión. Los datos hablan por sí solos: apenas el 2% de los condenados en Galicia por delitos al volante acaban entre rejas. Para tratar de erradicar el actual sistema judicial —que el colectivo califica de “lento e ineficaz”— y lograr la reparación y empatía con las víctimas, tanto en las sentencias como en el catálogo de penas, Stop Accidentes reclama a la DGT que promueva el endurecimiento de las condenas y emule a Francia en la tipificación de los delitos contra la seguridad vial, que desde el pasado mes de julio califica las muertes en carretera como “homicidio vial”. En el país galo, las presiones de las víctimas, que tachan de inadecuado el adjetivo de “involuntario”, están detrás del cambio que también reclaman ahora en España.

“¿Involuntario?”, se pregunta Jeanne Picard. “Si has bebido, te has drogado y después te pones al volante... ¿No quería el delincuente? Si bebes a conciencia, debes ser condenado por homicidio doloso”, sentencia la delegada de Stop Accidentes en Galicia, un colectivo que defiende que el calificativo de “imprudente” para los delitos de tráfico da idea de “casual o fortuito”, pero detrás de la ingesta de alcohol o de drogas, de saltarse las normas y las leyes —advierte— “no hay ninguna casualidad, no es algo accidental”.

En España, las condenas por homicidio imprudente para los delitos de tráfico suelen ser de uno o dos años de prisión (el máximo previsto es de cuatro años, seis en el caso de que se produzcan dos fallecidos y hasta 9 años si el número de muertos es “elevado”), con lo que, salvo casos de reincidencia o con antecedentes el responsable finalmente solo se ve privado del permiso de conducir durante el tiempo impuesto por el juez (de uno a seis años).

Condenas en otros países

Las penas en los países del entorno son más elevadas. En Francia, que acaba de decir adiós al homicidio involuntario para modificar la ley en favor del “homicidio vial”, las penas de cárcel por matar a alguien en carretera pueden llegar hasta los diez años de cárcel y los 150.000 euros de multa: la pena mínima es de cinco años de cárcel, siete en el caso de haber agravantes y hasta diez años si hay más de una circunstancia agravante (tasa de alcoholemia, consumo de estupefacientes al volante, exceso de velocidad, uso del teléfono móvil...).

Más allá del impacto simbólico que tiene el cambio acordado por el Gobierno francés, la medida no acarrea un endurecimiento punitivo ya que las condenas se mantienen como hasta ahora ya que se considera que se ajustan al delito cometido. En el caso de España, los colectivos de víctimas reclaman, a la par que la tipificación del delito al volante como “homicidio vial”, el endurecimiento de las condenas.

“No a la involuntariedad de manera generalizada”, reclaman la delegada de Stop Accidentes en Galicia ante la calificación de homicidio imprudente que salva del ingreso en prisión a la práctica totalidad de los delincuentes viarios. Es el caso que ha llevado a Pilar Rosanes, madre de Josep, un joven de 20 años que falleció en agosto de 2020 mientras circulaba con su moto tras invadir su carril un conductor que circulaba al menos a 116 km/h en una curva limitada a 70 km/h en la AC-442, a su paso por la localidad coruñesa de Dumbría. La sentencia llegó el pasado mes de diciembre: dos años de cárcel por homicidio imprudente y la retirada del carné por tres años y medio. Finalmente el condenado, Asier G. S., no ingresará en prisión ya que carece de antecedentes.

Para garantizar que los homicidas cumplan condena, Pilar Rosanes inició el pasado mes de febrero una campaña de recogida de firmas (https://www.change.org/p/pedimos-una-mayor-condena-para-los-delincuentes-viales) en la que pone como ejemplo la legislación en Francia, con penas más elevadas. La iniciativa suma ya más de 112.000 apoyos. Las víctimas sostienen que solo con penas más altas, una aplicación de las máximas con mayor frecuencia y un castigo más severo para los casos de reincidencia lograrán una Justicia reparativa y restaurativa con los delitos viales, que en Galicia suponen el 40% de los asuntos penales llevados a juicio.

Más de 9.000 delincuentes viarios detectados en un año en las carreteras gallegas

Galicia es una de las comunidades autónomas que tiene la tasa de delincuentes viarios más alta de España. El año pasado fueron detectados en las carreteras gallegas más de 9.000 delitos al volante, un 11,4% más que el ejercicio anterior. Este balance se traduce en un delincuente viario por cada 190 conductores censados en Galicia, un 6,5% por encima del índice nacional (un delito contra la seguridad vial incoado por cada 200 conductores), según la memoria de la Fiscalía Superior de Galicia de 2022.

La entrada en vigor del carné por puntos en 2006 y la reforma penal para los delitos de tráfico de 2007 fueron claves en la reducción de la accidentalidad en carretera. La amenaza de la pérdida del permiso de conducir y las condenas de prisión trajeron consigo un cambio de comportamiento de los infractores al volante.

Pero 15 años después de la reforma penal en materia de seguridad vial, el número de conductores que delinque ha puesto en alerta a las autoridades de Tráfico y ha llevado, una vez más, a las víctimas a exigir cambios que garanticen responsabilidad al volante. “Hemos tenido avances y retrocesos en la legislación, según los partidos políticos en el poder, lo que ha provocado mucha impunidad. Aún no encontramos las respuestas necesarias para proteger a las víctimas con todas las garantías legales”, sentencian desde Stop Accidentes.

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