Bruselas demanda rebajar la protección del lobo ante el aumento de ataques al ganado

La Comisión alega que el censo creció y lo ve un “peligro real” para las reses y la Xunta loa la medida y urge la “flexibilización”

C. Villar

La Comisión Europa (CE) propone a los miembros de la UE rebajar la protección del lobo para “flexibilizar” su gestión ante el aumento de ataques al ganado en ciertas zonas del continente y al entender que su población se ha elevado “considerablemente”. Los datos difundidos por la Xunta convierten a Galicia en una de esas áreas que viven un repunte de avisos por asaltos del lobo, con un 23% más en un año, y la comunidad se halla también, según el Ejecutivo autonómico, entre las zonas donde las manadas han ido a más. En ese contexto, la Xunta celebra el posicionamiento de la CE “sobre la necesidad de flexibilizar e incluso rebajar” el actual nivel de protección de la especie para “adaptarlo” a la realidad actual de las poblaciones de cada Estado y advierte que en Galicia ya está siendo difícil “mantener el equilibrio entre la especie y el sector primario con el que convive” en el rural. De ahí que inste al Gobierno de España a tomar “nota ahora”, “escuchar a las autoridades europeas” y a actuar “en consecuencia”.

En concreto, la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa modificar el estatuto de protección del lobo para que pase de “estrictamente protegido” a “protegido” y actualizar su marco jurídico para introducir más “flexibilidad” en la gestión de las poblaciones loberas. Para ello, tiene en cuenta que su protección se fijó hace 44 años y que desde entonces sus ejemplares han aumentado “considerablemente”, y, por otro, que eso plantea nuevos desafíos, en particular en los territorios donde subieron los ataques. Se trata, alega la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen en un comunicado, de conciliar la “buena noticia” para la biodiversidad que suponen las nuevas poblaciones con el hecho de que “la concentración de manadas en “algunas regiones europeas se haya “convertido en un peligro real, especialmente para el ganado”. El comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkeviius, avanza que Bruselas “seguirá” apoyando a las entidades locales con fondos y asesoramiento.

Ahora les toca a los estados miembros pronunciarse sobre relajar o no la protección. La propuesta debe contar con el respaldo de los Veintisiete para ser elevada ante el Consejo de Europa, del que depende el Convenio de Berna. Pasado el trámite, los servicios comunitarios aún tendrían que preparar una propuesta para “adaptar” la situación de la especie dentro del marco de la Unión Europea.

En los últimos catorce años, los ganaderos gallegos han recibido 14.000 visitas indeseadas de lobos a sus granjas y en ellas perdieron más de 26.000 reses. La tendencia, salvo años puntuales, es al alza y, por ahora las agresiones alcanzaron su tope en el último ejercicio, en el que los ganaderos informaron de hasta 1.644 ataques que conllevaron la pérdida de más de 2.800 animales. Esos últimos años coinciden también con la realización de un nuevo censo en Galicia que estima las manadas en 93, frente a las 90 del informe anterior, dato que sirve al Gobierno gallego para proclamar que el estado de conservación del lobo en la comunidad es “favorable” y que “todo apunta a que presenta una estructura poblacional normal, autosostenible y viable a largo plazo”.

La Xunta entiende que la postura del organismo comunitario le “da la razón” a Galicia y al resto de comunidades loberas (Asturias, Cantabria y Castilla y León), que ven un “error” que el Gobierno central incluyera al lobo en el listado de especies de especial protección y entiende que la CE tuvo en cuenta el informe que se le trasladó desde la comunidad sobre la situación de la especie en septiembre.

“Esperamos”, señalan fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, “que el Gobierno de España tome nota ahora y escuche a las autoridades europeas para actuar en consecuencia en un asunto de tanta relevancia para Galicia”. “Es imprescindible”, inciden, “que a la luz de la información disponible, el Ejecutivo central corrija el error cometido a la hora de evaluar el estado de conservación de la especie como desfavorable”.

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