La DGT llevará a la Fiscalía a los concellos que eludan notificar las multas que quitan puntos

El carné por puntos en vías urbanas se ha convertido en una especie de bingo. Casi 18 años después de su entrada en vigor, un sistema que penaliza con la detracción de créditos las infracciones viarias de más riesgo y que, de quedarse con el contador a cero, el conductor está obligado a hacer un curso y pasar un examen si quiere ponerse de nuevo al volante, todavía hay ayuntamientos con Policía Local que rehúyen de su obligación legal de comunicar a la DGT las sanciones que acarrean retirada de puntos. Esta disparidad en la aplicación de la ley hace que haya municipios en los que ningún infractor es castigado con la pérdida de créditos por saltarse las normas en vía urbana y en otros que se quedan con el saldo a cero por esas mismas conductas.

Amenaza de inhabilitación

Ante la publicación por este periódico de la lista de concellos incumplidores, la DGT ha tomado cartas en el asunto ordenando a los jefes provinciales de Tráfico en toda España que hagan un seguimiento del carné por puntos en todos los ayuntamientos con Policía Local, tal y como confirmaron ayer desde el departamento que dirige Pere Navarro. Los alcaldes que no cumplan con la “obligación legal” de comunicar estas infracciones a Tráfico y actúen con “dejadez de sus funciones” una vez apercibidos, en un primer momento vía oral y en una segunda fase por escrito, —advierten desde la DGT— serán llevados a la Fiscalía de Seguridad Vial para que abra una investigación por presunto delito de prevaricación omisiva. Una pena que va desde la multa y la suspensión de empleo y sueldo hasta la inhabilitación.

A partir de la próxima semana, los jefes de Tráfico contactarán “oralmente” con todos los ayuntamientos con competencias en la materia recordándoles que no solo tienen que proceder a la recaudación por la correspondiente infracción viaria, sino que tienen la obligación de comunicar a la DGT aquellas que conllevan retirada de puntos. El siguiente paso será hacer una notificación por escrito a aquellos que, o bien, no comuniquen en ese tiempo ninguna pese a registrar en su municipio infracciones que detraen créditos, o bien, que no las trasladan todas. Y si pese a este último requerimiento todavía hay alcaldes díscolos, será la Fiscalía de Seguridad Vial la que tendrá la última palabra con la apertura de una investigación vía penal por un incumplimiento “voluntario o pertinaz”, según su delegada en Galicia, Paula Grau.

El perfil de las administraciones locales que rehúyen suobligación con el sistema por puntos es doble. Y es que hay ayuntamientos que, directamente, no notifican ni una sanción con pérdida de créditos a Tráfico y otros que le hacen llegar solo una pequeña parte, en algunos casos ni la quinta parte de las multas interpuestas en su municipios y que conllevan la pérdida de créditos.

En el caso de la comunidad gallega, de los 130 municipios con Policía Local, un total de 40 no notificaron infracción alguna con detracción de créditos en 2022, según el ultimo balance oficial colgado en la web de la DGT. Pero en el punto de mira también están los ayuntamientos comunican un volumen mucho de los datos de sanciones viarias recogidos en sus memorias municipales.

“No es potestativo”, advertía ya este lunes en declaraciones a este periódico la responsable de la DGT en Galicia y jefa de Tráfico en A Coruña, Victoria Gómez Dobarro. Era tajante al se preguntada por la lista de ayuntamientos incumplidores, recordándoles que la comunicación de la detracción de puntos de las infracciones cometidas en las vías urbanas es una obligación legal para los alcaldes, “derivada de su competencia para denunciar y sancionar en esas vías, tal y como se establece en la Ley de seguridad vial (artículo 7). “El permiso de conducir no es un derecho absoluto”, sentenciaba Dobarro.

En 2022, las siete ciudades gallegas trasladaron a Tráfico cerca de 18.700 infracciones que acarrean la retirada de créditos, lo que supone el 82% del total de notificadas desde la comunidad. Pero la actividad de cada una es muy dispar. A la cabeza del mapa gallego, y también en los primeros puestos del ranking nacional —en concreto en el quinto, después de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza— se coloca Vigo, con 8.615 sanciones trasladadas a la DGT. Le siguen en la lista autonómica, Santiago (3.381), Ferrol (3.044), Ourense (1.429), Lugo (1.076). En el caso de A Coruña se comunicaron 469 frente a las 1.072 del año anterior, que se tradujeron en 1.590 puntos detraídos frente a los más de 3.400 de 2021.

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