El Concello de Miño celebrará el próximo viernes un pleno extraordinario con un único punto del día, el inicio del expediente para la rescisión del contrato con Martinsa Fadesa para el desarrollo urbanístico de la macrourbanización de Costa Miño Golf, situada entre San Xoán de Vilanova y Perbes.
El alcalde, Juan Maceiras (PP), propondrá a la Corporación local liquidar el contrato con la inmobiliaria por el incumplimiento de sus compromisos. Sostiene el regidor local que la compañía se niega a depositar el aval de 31 millones para el pago a los expropiados como exige el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en sentencia firme.
Transcurridos los dos meses de plazo para el depósito, el Ayuntamiento amenaza con llevar a Fadesa ante los tribunales y exigir el embargo de sus bienes y cuentas para garantizar los pagos, que el Gobierno local cifra en unos 20 millones (el cálculo de los jueces se realizó sobre el ámbito en global, incluidas las finca que no acudieron al justiprecio, explica).
La decisión del Concello ha cogido por sorpresa a Martinsa Fadesa. A consulta de este diario, un portavoz de la compañía aseguró desconocer los planes del Ayuntamiento y mantuvo que "ya se dieron las garantías de los avales".
"Yo tengo que velar porque los expropiados cobren y Fadesa tiene los suficientes bienes para disponer el pago del justiprecio", sostuvo ayer el regidor local, que convocó a la oposición (PSOE) a una comisión informativa para ponerles al corriente de su decisión, que dispone del informe favorable de la secretaria municipal.
La funcionaria encargada de velar por la legalidad en los actos municipales ya se opuso en septiembre del pasado año a la readjudicación de la macrourbanización de mil viviendas a Martinsa-Fadesa. A pesar de sus reparos, el Concello contrató de nuevo las obras a la inmobiliaria para evitar la sentencia del TSXG de 2006, confirmada por el Supremo en 2010, que anuló la elección del sistema de expropiación y el pliego de cláusulas del concurso acordados en 2002.
La secretaria municipal, al contrario que la asesoría jurídica de la Diputación, se opuso a la adjudicación directa de las obras y abogó por liquidar el contrato firmado en su día y que cada una de las partes, Concello y Fadesa, devolviese a la otra lo que recibió.
La propuesta de rescisión del contrato a Fadesa ha despertado los temores de la oposición. El PSOE manifestó ayer su preocupación ante la posibilidad de que el Concello se viese obligado a asumir de forma subsidiaria el pago de las expropiaciones. Esta posibilidad existe y el Ayuntamiento ya en 2010 hipotecó 155 parcelas de Fadesa para garantizar el pago a los expropiados. Esta medida solo les proporcionaría 8 millones.
