El alcalde de Miño, Juan Maceiras, mantuvo ayer un encuentro con altos responsables de Martinsa-Fadesa para negociar un posible acuerdo in extremis y evitar así la rescisión del contrato de la macrourbanización Costa Miño Golf que ha anunciado el regidor.

La reunión se zanjó sin acuerdos. "Se ofrecieron a consignar nuevas garantías, pero las seguimos considerando insuficientes", explicó Maceiras, que se mantuvo firme en aprobar el próximo viernes la liquidación del contrato con la empresa por incumplir el pliego de condiciones al no consignar el aval de 31 millones para el pago a los expropiados. La empresa ha rehusado hacer declaraciones.

Juan Maceiras desveló ayer que ya ha contratado a un abogado especialista para buscar los bienes de la empresa y proceder vía judicial a su embargo y garantizar así el pago a los propietarios de los terrenos de San Xoán de Vilanova y Perbes sobre los que se asienta la urbanización. "Nos incautaremos de sus bienes y cuentas. Los expropiados van a cobrar, ya sea por lo civil o lo criminal", advirtió.

Pese a su amenaza, el regidor no descarta llegar a un acuerdo con la empresa. "Puede recurrir el acuerdo (de rescisión de contrato) y en ese tiempo consignar las garantías", especuló. Maceiras se mostró comprensivo con la situación de la empresa, que en 2011 superó un concurso de acreedores, pero se mantuvo firme en exigir "garantías fiables" para proseguir adelante con el contrato. Y ese aval no pasa, en principio, por activos inmobiliarios. "Tendrían que sobrepasar en mucho el precio tasado para no depender de los mercados", sostuvo.

La secretaria municipal y el asesor jurídico de Miño emitieron un informe que concluye que el alcalde es "competente" para rescindir el contrato por el incumplimiento del pliego de condiciones por parte de la contratista. La readjudicación del contrato de Costa Miño Golf a Fadesa se acordó el 1 de diciembre de 2011. Fue tras un dilatado tira y afloja entre la empresa y el Concello. Con este acuerdo, el Ayuntamiento pretendía cumplir la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) de 2006, confirmada por el Supremo en 2010, que anuló la elección del sistema de expropiación y el pliego de cláusulas del concurso acordados en 2002.

Esta nueva vuelta de tuerca al intrincado y polémico desarrollo urbanístico de Costa Miño Golf ha disparado las alarmas de la oposición (PSOE). Los socialistas no comparten el optimismo de Maceiras sobre las ventajas de las rescisión del contrato y temen que la decisión aboque al Concello a hacer frente al pago de las expropiaciones. "Si se liquida el contrato y el ámbito pasa a ser propiedad municipal, ¿quién deberá pagar ese aval?, ¿el Concello de Miño, que cuenta ya con una deuda insoportable de cuatro millones de euros?", se pregunta su portavoz, Manuel Vázquez.

El PSOE sostiene además que la resolución del acuerdo podría obligar al Ayuntamiento a indemnizar a la inmobiliaria por daños y perjuicios si esta decide emprender acciones legales. Los socialistas cargan contra dureza contra el Gobierno local y denuncian que la situación actual "no es más que el resultado de su pésima gestión". "El conflicto de Costa Miño no es producto de la crisis, sino de una tramitación ilegal, por la omisión de la exigencia de los avales correspondientes, por el completo desdén a los propietarios a los que les arrebataron las tierras sin escuchar sus reclamaciones, por el desprecio a cuantas advertencias se hicieron desde la oposición en 10 años y por la perseverancia en la defensa de los intereses de una inmobiliaria que nada aportó ni aportará al pueblo", sostienen. El PSOE, al igual que la plataforma de afectados, acusa al Ejecutivo municipal de dilatar desde hace años una solución al proceso y creen que Maceiras se plantea ahora resolver el contrato porque se ve "atrapado".