La Xunta se ha propuesto arbitrar en el conflicto entre el Concello y la comunidad escolar de Centro Educativo de Infantil y Primaria (CEIP) Sada y sus Contornos. El jefe territorial de Educación, Indalecio Cabana, acompañado por varios técnicos, visitó ayer por primera vez el centro educativo para conocer in situ las demandas de la dirección, el profesorado y los padres de alumnos, que reclaman desde hace años la ampliación del CEIP a la que se opone ahora el Gobierno local.

El Ayuntamiento anunció públicamente su renuncia a cumplir esta antigua demanda escolar por sus dudas sobre la valoración de los terrenos y, en consecuencia, el precio de las expropiaciones. El Ejecutivo municipal se mostró partidario de construir un nuevo colegio, para el que dice disponer de varios terrenos posibles. La Xunta, sin embargo, eludió ayer comprometerse con este proyecto que, matiza, deberá responder a una demanda real de plazas.

Tras visitar el centro, el responsable provincial de Educación se desplazó hasta el Consistorio para reunirse con el alcalde, Ernesto Anido, que le explicó los motivos por los que había renunciado a la ampliación y defendió su propuesta de construir otro colegio.

Indalecio Cabana trasladará todos los informes a los servicios técnicos de la Consellería para que analicen la viabilidad de ambas opciones antes de tomar una decisión. El responsable autonómico emplazó a ambas partes a una reunión a tres bandas en el plazo de 15 días para intentar "desbloquear" el conflicto que llevó a la comunidad educativa a denunciar ante el Valedor do Pobo al alcalde por no responder a sus reiteradas peticiones de reunión.

La ANPA lamentó ayer que el regidor no acompañase al jefe territorial de Educación en su visita al centro. "Todavía no ha visitado el colegio", criticó su portavoz, Lois Taboada. La comunidad educativa se mostró ayer "esperanzada" con el "paso cualitativo" dado por la Xunta que confía, permitirá desbloquear la ampliación del centro. Padres y docentes inciden en que la sentencia del Tribunal de Xustiza de Galicia que anuló el plan por un defecto en la tramitación de la Xunta disipa las dudas sobre la valoración de los terrenos.