Hace un año y medio que Galicia cuenta con un ayuntamiento menos tras la fusión de los coruñeses de Oza y Cesuras y, desde que culminó este proceso, no han cesado las reivindicaciones desde este nuevo Consistorio porque "parece que al que ejemplifica, en vez de premiarlo, se le castiga".

"Nos sentimos así", asegura el alcalde de esta pequeña localidad de la provincia de A Coruña, Pablo González Cacheiro (PP), en una entrevista con Efe tras iniciar una campaña de protesta que por el momento cuelga del balcón consistorial y de algún puente, pero a partir de la próxima semana dará el salto a los medios de comunicación.

El lema es "Montoro no discrimines a Oza-Cesuras" y el objetivo es reivindicar al ministro de Hacienda los 80.000 euros que este nuevo ayuntamiento cree que se le deben abonar en concepto de transferencias del Estado a tenor de la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de la Administración Local.

El problema, o la "obra de teatro", como prefiere llamarlo el regidor, surgió cuando al aprobarse esta norma, seis meses después de la fusión, no se contempló esta particularidad, explica, por lo que como no tiene efectos retroactivos este ayuntamiento coruñés no puede beneficiarse de sus ventajas.

"Es un fallo garrafal", sentencia el alcalde de Oza-Cesuras, municipio que ahora tiene unos 5.300 habitantes y que dejó el mapa gallego con 314 ayuntamientos.

Su participación en las transferencias del Estado este año es de 1.022.342,30 euros y el Ministerio, sostiene, "puede decir que nos paga más porque al tener más de cinco mil habitantes nos corresponde más dinero, pero no recibimos todo lo que deberíamos".

Según sus cálculos, por superar los cinco mil habitantes tras la fusión cuentan con 185.000 euros más, pues esta era una de las ventajas del proceso, pero además les correspondería un 0,90 % más por él, lo que supone 90.000 euros al año.

Y la fusión llegó pero ese aumento no. "En diez años dejaríamos de ingresar casi un millón de euros", apostilla González Cacheiro.

Además, continúa, la ley exonera a los ayuntamientos fusionados de prestar determinados servicios, como la Policía local, durante cinco años, pero como Oza-Cesuras no está incluido como ayuntamiento fusionado en ella, está obligado a proporcionarlos y a asumir sus costes.

Esta semana han enviado una nueva carta para solicitar otra reunión con Hacienda, tras un año de gestiones, ya que "lo que no se puede hacer es una ley que contemple incentivos a las fusiones y no se tenga en cuenta al único ayuntamiento fusionado que hay, es un sinsentido".

"Queremos dar un paso adelante, que se nos escuche", reivindica. Por el momento lo que sí han conseguido es que su protesta se vea en los grandes carteles con fondo rojo que han colgado tanto del balcón del Ayuntamiento, como sobre la autovía A-6 y otros puntos visibles del municipio. Probablemente habrá en breve algún otro anuncio.

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, expresó su apoyo a Oza-Cesuras, que tiene ya su primer presupuesto e imagen corporativa, tras la reunión del Consello del Gobierno gallego de esta semana.

"Creo que en Oza-Cesuras deberíamos tener un gesto, sin duda; desde luego, dentro de las capacidades de la Xunta lo tendremos y el Ministerio de Hacienda podría reflexionar al respecto", abundó.

El alcalde agradece estas palabras y destaca de Núñez Feijóo que, "por ahora, está teniendo ese gesto día a día" a través de los beneficios que se recogen en las órdenes de ayudas a las que opta en materia de infraestructuras o del fondo de compensación ambiental.

"Ojalá el Gobierno central copiara la actitud del presidente de la Xunta, que es nuestro gran valedor", enfatiza González Cacheiro, que seguirá con esta campaña de protesta si hace falta hasta las próximas elecciones municipales de mayo o hasta que se les incluya en la ley, lo que ocurra antes.

Todo para que "se tenga en cuenta a Oza-Cesuras en los beneficios de la reforma local como ayuntamiento fusionado", insiste el regidor de esta localidad coruñesa, cuya unión se encuentra recurrida en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia por el PSdeG por una cuestión de mayorías a la hora de aprobar el proceso.