El 80% de las acciones de la gestora del hotel San Roque -un complejo de titularidad pública en régimen de concesión- pertenecen a una sociedad de los Países Bajos sin trabajadores en la plantilla. Lo desvelaba el informe del secretario municipal encargado a raíz de que el BNG forzase una comisión de investigación sobre el devenir de esta concesión que nunca llegó a aportar los ingresos previstos al Ayuntamiento y que ha funcionado sin licencias de actividad y sin aportar las fianzas preceptivas.

Aitona Investiments, la misteriosa empresa con sede en Holanda que se hizo con la mayor parte de las acciones del complejo está en el punto de mira de la oposición. El BNG ha preguntado en varias ocasiones por la identidad de los responsables de esta sociedad que, sospecha Secretaría, "podría dedicarse de una entidad dedicada a la gestión de fondos de inversión o similares".

El PP se sumó ayer a las peticiones de los nacionalistas y criticó que "a estas alturas de la película" el Gobierno local "siga sin aclarar el origen de esta sociedad". Los populares sospechan que el Ejecutivo "no quiere averiguar el origen" de la empresa.

Según informaba el secretario municipal en su informe, Aitona Investiments se constituyó en 1999, el mismo año en que arrancaron las obras de reforma del antiguo asilo para convertirlo en un complejo hostelero, cuya gestión había sido adjudicada a la entidad Complejo de San Roque.

Cuatro años después, en junio de 2003, esta empresa radicada en Hoodfddorp, Países Bajos, entra en la sociedad y se produce una ampliación del capital social que pasa de las 500.000 pesetas iniciales (3.000 euros) a 600.005 euros. De las cien participaciones repartidas entre los socios Antonio Sánchez López (34), Pedro Rocha Corral (33) y Manuel Reina Gómez (33) se pasó a 20.100 participaciones, de las que 15.600 pertenecen a la empresa holandesa (un 77,6%).

¿Cómo llegó un fondo de inversor de los Países Bajos a acaparar las acciones del hotel de Betanzos? Es una de las preguntas que PP y BNG exigen que se despeje en la comisión de investigación. Ambos grupos sospechan que el Gobierno local no quiere llegar al fondo del asunto y pretende zanjar el asunto con una demanda centrada en los impagos de la concesionaria.

Nacionalistas y populares reclaman también al alcalde, Ramón García, que informe sobre la posible reapertura del complejo, anunciada por una empresa. El Ejecutivo mantuvo que no había sido informado por la compañía de sus intenciones. El Gobierno local había declarado también desconocer la identidad de los anteriores gestores.