Se enfrentan al fuego en las temporadas de mayor riesgo de incendio y exigen mejoras en sus condiciones laborales, atadas por su condición de fijos discontinuos que, denuncian, provoca "situaciones de desigualdad y precarización". Los veinte brigadistas que prestan el servicio en la comarca de Betanzos ponen voz a la demanda de un colectivo que ha sufrido varios vaivenes laborales en los últimos años.
Los efectivos relatan que varios han encadenado contratos temporales durante años hasta que en 2012 la Xunta modificó la Relación de Puestos de Trabajo para que pasasen a ser personal laboral fijo discontinuo de tres meses. Las plazas están ocupadas de modo interino y no aparecen recogidas en el convenio colectivo único para el personal laboral de la Xunta.
Los trabajadores advierten de que esta "coyuntura de incerteza laboral" e "inestabilidad" les deja "desprotegidos" y limita su derecho al cobro del subsidio de desempleo no contributivo -ayuda familiar- y el futuro cobro de una pensión, así como las posibilidades de acceso al Plan Prepara del INEM o al subsidio para mayores de 45 y 55 años.
Actualmente, critican, no pueden optar a hacer sustituciones ni cubrir las plazas vacantes. "Para la Xunta ya estamos ocupando una plaza", lamenta José Andrés Varela, uno de los afectados.
Las peculiaridades de su contrato provocan situaciones sorprendentes. Entre ellas, que estos efectivos que combaten el fuego durante los tres meses de alto riesgo de incendio -julio, agosto y septiembre-, no puedan ejercer el trabajo si la Xunta decide ampliar la temporada, como ocurrió este año. La Consellería de Medio Rural decidió ampliar el período de alto riesgo hasta el 15 de octubre, pero prescindió de los servicios de este personal de refuerzo, que fue cesado el 30 de septiembre. "Con esta medida, el servicio queda mermado, sin personal suficiente y haciendo que la lucha contra el fuego sea mucho más dura e insegura para el personal que trabaja nueve o doce meses al año", inciden estos efectivos, que critican que el Gobierno gallego afirme que mantiene activo el operativo especial desplegado contra los incendios forestales mientras hay riesgo. Este grupo de trabajadores contrapone su cese el 30 de septiembre con el mantenimiento de los contratos con varias empresas privadas que gestionan las brigadas helitransportadas o medios aéreos y con los medios contratados por los propios concellos y alertan de la "progresiva privatización y disgregación del servicio". "Lo lógico será prestar un servicio de incendios único, público, igualitario y profesionalizado", recalca Varela que, al igual que sus compañeros, insta a la Xunta
Los efectivos instan a Medio Rural a replantearse su situación y diversificar sus funciones de modo que puedan trabajar durante más meses en labores dirigidas a la prevención y educación ambiental.
