La cárcel que en la actualidad se ubica en Teixeiro estuvo muy cerca de construirse en Arteixo. El Ministerio de Justicia gastó a principios de la década de los 90 más de 175 millones de pesetas, 1,05 millones de euros, en la compra de unos terrenos ubicados entre el Camiño dos Romeiros y una granja de bisones, en la parroquia de Morás. Precisamente en esta misma zona Gesmaga pretende construir en la actualidad una planta de tratamiento de residuos industriales.

El exalcalde de Arteixo Frutos Jesús Martínez recuerda que la intención inicial del Gobierno central era la de construir el nuevo centro penitenciario en la zona que está detrás "de la cantera de O Moucho" y que "por parte de Arteixo hubo reticencias" a la propuesta. "Se quedó en una idea. No se plasmó en un acuerdo", asegura el exalcalde. También indica que la iniciativa partió del Concello de A Coruña.

El Gobierno central adquirió catorce parcelas de 240.000 metros cuadrados en la parroquia de Morás para construir la prisión que sustituiría a la que se ubicaba al lado de la Torre de Hércules, en A Coruña, ya que esta última se había quedado anticuada y acogía a más presos de lo previsto cuando se construyó el edificio. El Estado llegó a plantearse construir otra prisión en unos terrenos que el Ministerio de Defensa tenía en el monte de San Pedro, pero la idea se descartó finalmente. Justicia entonces optó por comprar los terrenos de Arteixo.

El Gobierno aseguraba en 1991 tras una pregunta del diputado popular Antonio Gómez que la extensión del "nuevo centro penitenciario" sería de "185.000 metros cuadrados" y que "el precio medio de los terrenos adquiridos" fue de 1.000 pesetas el metros cuadrado". También señaló que había pagado 175 millones de pesetas en la compra de las parcelas y que la redacción del proyecto costaría 90,5 millones de pesetas.

En 1992 el Consejo de Ministros acordó no construir la prisión en las parcelas que había adquirido en Morás debido a que no reunían las características técnicas necesarias para construir esta instalación.

El exalcalde Frutos Jesús Martínez asegura que uno de los motivos que frenó el proyecto de la cárcel es que los partidos políticos del municipio no lo veían "con buenos ojos". También señala que hubo gente que se enteró de que Justicia quería construir la cárcel en la parroquia de Morás y "que se puso a comprar terrenos" para poder especular.

La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), que posee los inmuebles de Instituciones Penitenciarias, contrató 20 años después a una empresa de Arteixo para regularizar la información sobre las parcelas para poder venderlas (lo hizo en 2012). El informe que elaboró esta firma señala que "todo lo relacionado con la compra de terrenos por parte de Justicia fue raro e incluso delictivo". "El precio pagado y que aparece en las escrituras no corresponde al real, quedándose los intermediarios con la ganancia. Se pagaba al propietario a 100.000 pesetas por 444 metros cuadrados y se escrituraba a 400.000 pesetas".