23 de enero de 2018
23.01.2018
CULLEREDO

La Xunta pone una quinta multa al promotor de tres viviendas ilegales de Fontemaior

Ordena al constructor cumplir una resolución de 2005 que declaró ilegalizables las obras - Las irregularidades de esta urbanización derivaron en tres procesos judiciales

23.01.2018 | 14:03
"Mi casa y mi vida me la derriban".

La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ha impuesto una quinta multa coercitiva a la promotora Noantia para exigir el derribo de unas viviendas ilegales que edificó en 2001 en la localidad de Fontemaior, en Culleredo, en unos terrenos con la consideración de rústicos.

La APLU ha anunciado la quinta multa en el Diario Oficial de Galicia ante la imposibilidad de notificar personalmente la sanción a la promotora. En su anuncio, La Xunta insta a la empresa a cumplir la resolución de 2005 que declaró ilegalizables los trabajos de construcción de tres viviendas, la instalación de un depósito y la habilitación de un vial de acceso por resultar incompatibles con el ordenamiento urbanístico.

La historia de esta urbanización se remonta a 2001. Ese año el Concello de Culleredo concedió a la promotora una licencia de segregación de la parcela para la construcción de tres viviendas unifamiliares en unos suelos calificados en aquel momento como urbanizables no programados, por lo que correspondía aplicar el régimen jurídico previsto para suelo rústico y solicitar la correspondiente autorización autonómica. Este trámite nunca llegó a realizarse.

La Xunta abrió una investigación tras denunciar un particular que las obras no se ajustaban a la licencia municipal. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística abrió una investigación y, tras constatar irregularidades, ordenó al Ayuntamiento de Culleredo revisar de oficio las licencias y en 2004 acordó suspender las obras e incoar un procedimiento de restauración de la legalidad urbanística dado que los trabajos se ejecutaban en suelo urbanizable sin autorización autonómica.

La ausencia de licencia no fue la única anomalía que advirtió la Xunta. La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística constató que parte de la parcela se encontraba dentro de la tipología de suelo no urbanizable de protección de infraestructuras, que las parcelas segregadas no coincidían con las recogidas en el proyecto de reparcelación y que se habían ejecutado unas obras de urbanización no autorizadas y variado la ubicación de las viviendas.

La orden de reposición a la legalidad de la Xunta derivó en un dilatado proceso judicial. La promotora recurrió sin éxito el requerimiento de derribo y adujo que disponía de licencia municipal, que no era necesaria la autorización autonómica al tratarse de terrenos clasificados como urbanizables no programados y que había caducado el procedimiento abierto por la APLU.

Los jueces rechazaron todos los motivos alegados por la empresa. Los magistrados concluyeron que el expediente autonómico se había resuelto en plazo y que la Xunta sí tenía que haber autorizado las obras porque correspondía aplicar a los terrenos el régimen de suelo rústico y parte de ellos estaban calificados además como rústicos de protección de infraestructuras. Por todos estos motivos, la Justicia ordenó en 2011 reponer los terrenos a su estado natural.

El pleito entre Xunta y promotora no fue el único litigio que propició esta urbanización. El Concello de Culleredo recurrió también sin éxito la orden de la Consellería de Política Territorial de 2004 de anular el acuerdo de concesión de licencia para la segregación de la parcela y la posterior construcción de tres viviendas unifamiliares. El Ayuntamiento alegó que la finca a parcelar se emplazaba en suelo rústico de régimen normal, por lo que entendía que los permisos concedidos en 2001 eran ajustados a derecho al aplicarse la excepcionalidad recogida en la ley de suelo vigente en aquel momento. Los jueces rechazaron sus argumentos al entender que en suelo urbanizable no programado se debía aplicar por ley el régimen de suelo rústico, en el que no están permitidas las parcelaciones.

La Fiscalía y los compradores de buena fe de las viviendas han denunciado al promotor. En el juicio, que se celebró el 2016, el Ministerio fiscal pidió dos años de prisión por alterar planos y construir en rústico. Los afectados pidieron elevar la pena y apuntaron también a un delito de estafa.

"MI CASA Y MI VIDA ME LA DERRIBAN"

En 2011, coincidiendo con la primera sanción coercitiva de la Xunta, uno de los compradores de las viviendas declaradas ilegales se enfundó una camiseta con ese lema para exigir una compensación. Este afectado denunció ser víctima de unas irregularidades en las que no había participado y que desconocía cuando adquirió la casa que, recalcó, disponía de las correspondientes licencias municipales.

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