Los tropiezos urbanísticos han marcado el contrapunto de la fusión de Oza dos Ríos y Cesuras. Han escrito la introducción, el clímax y epílogo. El primer acto o traspié se remonta a 2011: Pablo González Cacheiro hereda el bastón de mando de su suegro, José Peón, que dio un paso atrás tras ser condenado a un año de inhabilitación por negarse a demoler una nave ilegal.

El veterano regidor del PP jamás cumplió la condena que le impuso la Audiencia Provincial por un delito de desobediencia. Es más, aún hoy se mantiene en activo, menos expuesto a los focos, como concejal raso. Rara vez interviene en pleno, aunque no pierde comba y en su entorno sostienen que fue uno de los principales promotores de la fusión de Oza dos Ríos y Cesuras, una alianza pionera que habría supervisado discretamente como edil y asesor de la Diputación durante el gobierno del PP.

Durante todo este tiempo, Peón mantuvo un discreto silencio y, cuando en pleno proceso de fusión la oposición reclamó que cumpliese su sentencia de inhabilitación, se limitó a decir que no tenía porqué hacerlo dado que nadie había pedido la ejecución de sentencia. Nunca mostró arrepentimiento: no iba a ser el responsable del cierre de una empresa que daba trabajo a unos cuarenta vecinos, adujo. La justicia le castigó, pero no las urnas. El PP revalidó la mayoría en Oza dos Ríos en 2011 y su yerno asumió con éxito la fusión con Cesuras y logró el apoyo mayoritario de los vecinos en 2015.

Si el traspiés urbanístico de José Peón marcó el inicio de la fusión, otro tropiezo con el ladrillo enturbió el clímax de esta alianza pionera. El alcalde de Cesuras, Julián Lucas, también del PP, dimitió sorpresivamente en la recta final de la alianza, en mayo de 2013. "Este último año ha supuesto para mí mucho esfuerzo y mucha tensión. Estoy cansado y voy a dedicarme a mi familia", afirmó. Solo unas semanas después de esta abrupta despedida, trascendió una sentencia de 2012 que había mantenido oculta y que le condenaba por estafa en su faceta de promotor inmobiliario.

La salida de Lucas pilló a la Corporación con el pie cambiado. González Cacheiro tomó el timón y tras unos meses tormentosos, logró enderezar el rumbo y recalar en aguas tranquilas una vez que la fusión dejó de acaparar la atención de los medios . El alcalde heredó de su suegro su trato campechano y, al parecer, similar visión urbanística. La Xunta ha ordenado al Concello demoler un centro social construido en suelo rústico. La anomalía escribe el epílogo de este concello fusionado. Fue el PSOE el que advirtió en 2016 que la asociación de vecinos ejecutaba las obras sin licencia ni proyecto con el consentimiento tácito del Concello.

La denuncia no amedrentó a Cacheiro. Al contrario. Con socarronería, el alcalde colgó una noticia que se hacía eco de las críticas del PSOE en el tablón de anuncios. Convencido de que no le pasaría factura, firmó un convenio con la asociación de vecinos en virtud del cual el Ayuntamiento asumía la titularidad del local, que preveía legalizar con una modificación urbanística. La Xunta ha dado al traste con esta maniobra. La Axencia Galega de Protección Urbanística ordena demoler este centro social y ha dado traslado del caso a Fiscalía por si hubiese indicios de delito. Habrá que esperar para conocer las consecuencias de este nuevo tropiezo.