El departamento de Intervención ha emitido un informe en el que alerta de que el Gobierno local utilizó en un "alto porcentaje" el procedimiento del contrato menor durante el año 2017. El Concello recurrió a esta fórmula legal en un 59,3% de los casos, es decir, gastó 13,6 millones de euros de un total de 23,08 millones mediante contratos menores. Esta fórmula de contratación permite a la Administración pública encomendar directamente obras y servicios a un empresario de su libre elección sin justificar los motivos de dicha decisión.

El importe contratado por procedimiento abierto (8,2 millones de euros) supuso un 35,7% sobre el total y en el caso de los procedimientos negociados (1,1 millones de euros) fueron un 5% (en los negociados el Gobierno local solicita presupuesto a un mínimo de tres empresas), según recoge el informe elaborado por la funcionaria, que fiscalizó las cuentas económicas del Concello correspondientes al año 2017.

"Estos datos ponen de manifiesto un alto porcentaje de adjudicación directa, de manera que se convierte en el sistema general y mayoritario de contratación en este Concello. Todo ello obliga a recordar la necesidad de tramitar procedimientos de contratación abiertos como regla general de contratación administrativa", afirma Intervención. También señala que "es obligatorio" recurrir a la contratación mediante concursos públicos abiertos para los suministros general del Concello (telefonía, energía eléctrica, combustible y similares), de tal modo que permitan seleccionar la "opción más ventajosa".

El informe también constata que si solo se tienen en cuenta los procedimientos de obras, el Gobierno local optó por utilizar el contrato menor en un 44,21% de los casos. La cifra llega al 65,71% si solo se analizan los suministros y en los servicios es de un 52,19%.

Estos datos sobre la contratación que realiza el Concello son anteriores a la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, que empezó a aplicarse el 9 de marzo de este año. La anterior normativa fijaba que eran contratos menores los de menos de 50.000 euros si eran obras o menos de 18.000 euros si eran contratos de suministro o servicios. Con la nueva legislación que entró en vigor el pasado marzo estos umbrales se rebajan a 40.000 y 15.000 euros, respectivamente.