16 de febrero de 2019
16.02.2019
SADA

El juez acepta la petición de Sada y Abanca y salva del derribo ocho chalés de O Loureiro

Antiguos propietarios que perdieron casas y ahorros se opusieron sin éxito - El banco demolió dos pareados y transformará los 8 restantes en 4 viviendas aisladas

16.02.2019 | 01:02
Demolición de dos de los chalés de la urbanización O Loureiro en febrero de 2018.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de A Coruña ha aceptado la petición del Concello de Sada y Abanca y ha salvado del derribo ocho de los diez chalés de O Loureiro, en Pazos, con sentencia firme de derribo desde hace una década.

Esta urbanización, propiedad actualmente de Abanca, fue autorizada en 2005 por el gobierno de Ramón Rodríguez Ares y permanece a la sombra de la piqueta desde que en 2009 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ratificó la sentencia que anuló la licencia por amparar la construcción de diez viviendas pareadas en un parcela en donde la normativa solo permitía una, infringir la prohibición de segregación y admitir un exceso en la edificabilidad y densidad máxima de viviendas por hectárea.

El juzgado ha aceptado la petición de un incidente de inejecución de sentencia que presentó el Concello y a la que se ha adherido Abanca. El Ayuntamiento apeló a la "imposibilidad legal" de ejecutar el fallo dado que había concedido en noviembre de 2017 a Abanca licencia de legalización y parcelación de cuatro de las fincas del ámbito al amparo de las normas provisionales. Según el proyecto de legalización presentado por Abanca, solo sería preciso demoler íntegramente dos de las casas (algo que ya ha hecho) y ejecutar los trabajos necesarios para transformar los otros ocho chalés pareados en cuatro viviendas aisladas con las adaptaciones necesarias para cumplir la normativa.

El Concello otorgó la licencia de legalización solo tres meses antes de la aprobación del plan general y al amparo de las normas provisionales de 2012, que eliminaban la prohibición de parcelar en las ordenanzas de núcleo rural. El juzgado admite que la solución se ajusta a derecho, aunque con ciertos reparos: "El Concello conocía la provisionalidad de la norma ya que estaba tramitando el nuevo PGOM que, curiosamente, entra en vigor tres meses después y que prohíbe las parcelaciones hasta la entrada en vigor del correspondiente plan especial", recoge el fallo. El juez admite que, "sin perjuicio del carácter oportunista que se reprocha de contrario", la licencia de legalización parcial se "ajusta a la realidad" por lo que procede aceptar el incidente de inejecución. La sentencia es del pasado junio, pero este diario no tuvo acceso a ella hasta ahora.

Antiguos propietarios de estas viviendas, que compraron sus casas sin ser conocedores de las irregularidades y que todavía no han recuperado el dinero, se opusieron este incidente de inejecución, pidieron el derribo y acusaron al Concello de legalizar ahora las casas al banco.

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