El nuevo Gobierno local de Miño ya anunció el pasado agosto que había iniciado negociaciones con los expropiados de Fadesa (urbanización Costa Miño Golf) para poner fin a más de 17 años de pleitos judiciales y por fin se ha alcanzado un acuerdo. Desde el pasado jueves las más de 200 familias afectadas (en muchos casos, herederos al fallecer los titulares) han ido firmando con el Concello un acuerdo mediante el que ellos renuncian al cobro del recargo por la demora en recibir los intereses y a cambio el Gobierno local se compromete a abonar dichos intereses antes del 31 de mayo de 2020, en ocho meses.
Este acuerdo extrajudicial está supeditado a la ampliación hasta el año 2039 del plazo para que Miño devuelva los préstamos que concertó para abonar la deuda principal con los expropiados, que ronda los 15 millones. El Estado acepta esta demora en el pago si realiza un plan de ajuste para garantizar la devolución del préstamo. Este plan de ajuste tiene que presentarse antes del 13 de septiembre, la próxima semana. El abogado de los afectados, Jerónimo Escariz, ya apuntó cuando se iniciaron las negociaciones la satisfacción por la nueva "predisposición" del Concello y se había mostrado optimista respecto a llegar a un acuerdo.
El Concello de Miño tiene actualmente una deuda de 22 millones de euros, de los que 7 corresponden a los intereses por las sentencias judiciales de diciembre de 2018, favorables a los expropiados de Fadesa y que el anterior Ejecutivo dejó sin pagar, generando penalización, más intereses (a los que ahora los afectados renuncian para cobrar por fin el dinero que les deben, después de casi veinte años de espera).
"Éste es uno de los pasos más importantes de toda la legislatura. Era uno de los objetivos de nuestro programa electoral. En apenas tres meses hemos alcanzado un acuerdo que es beneficioso para todas las partes", declaró el regidor, Manuel Vázquez Faraldo, que confía en que con la ayuda del Estado, la Xunta y la Diputación, el concello pueda cumplir con sus obligaciones financieras sin desatender a los vecinos. Es el "fin a una deuda histórica", agregó.
