El Consello Consultivo de Galicia ha emitido informe desfavorable a la propuesta de una resolución formulada por la Diputación sobre el monte Costa. Se centra en el procedimiento de responsabilidad patrimonial iniciado tras las reclamaciones de varios dueños de fincas afectadas por los trabajos de desmonte y excavaciones ejecutados para la ampliación de la pista de Alvedro, situadas junto al monte, propiedad de la institución provincial. En este caso, se refiere a la finca de mayor superficie, con 3.579 metros cuadrados del total de 7.530 afectados. Rechaza la propuesta provincial y resuelve que debe abrirse un expediente de expropiación forzosa.
La Diputación acordó indemnizar a la propiedad con 22.440 euros y modificar el deslinde para "incorporar el suelo indemnizado al monte Costa, propiedad de la Diputación". El Consultivo, sin embargo, sostiene que, en caso de no resultar posible, como demanda el dueño, que se devuelva a la finca a su estado anterior a las obras y se le devuelva, "como parece deducirse", debe tramitarse la expropiación del terreno.
El Consultivo defiende que "no aparecen convenientemente justificados los motivos por los que fue esta la vía elegida [la reclamación patrimonial] para el resarcimiento de la lesión de los derechos de la parte reclamante, teniendo en cuenta la finalidad de incorporar el suelo indemnizado al monte de la propiedad de la Diputación".
"No se olvide que la parte interesada siempre manifestó su legítima pretensión de ser indemnizada por la irregular ocupación de la parcela y que ésta le fuese devuelta una vez repuesta a su estado anterior, lo que es plenamente incompatible con la transmisión del dominio implícita en la referida propuesta", añade.
"Por consiguiente, si como parece deducirse, tanto de la propuesta de resolución como del informe pericial de parte, la desnaturalización del terreno derivada del movimiento de tierras llevado a cabo con ocasión de la ocupación temporal de la finca fue de tal entidad que su reposición al estado anterior ya no es posible, lo procedente será la tramitación de un procedimiento de expropiación forzosa, en cuyo seno podrá concretarse la indemnización correspondiente a la parte interesada y la correlativa transferencia de la titularidad de los terrenos a la Administración provincial", sostiene.
El órgano autonómico apunta que, en caso de haberse iniciado un expediente de expropiación forzosa que hubiera sido declarado nulo, podría haberse habilitado el procedimiento de reclamación patrimonial. Dado que no consta la apertura de ningún expediente expropiatorio, procede incoarlo, aconseja.
El expediente para resolver la reclamación sobre la mayor de las fincas afectadas por los trabajos para el relleno de la ampliación del aeropuerto, que ocupa casi la mitad de la superficie total perjudicada, era el único pendiente de resolver a finales del año pasado, después de que la Diputación comenzara el pago de las indemnizaciones. Valoró en 47.213 euros el daño a todas las fincas y abonó en septiembre la cuantía a cinco propietarios, tres meses después de desestimarse las alegaciones presentadas por afectados a la cuantía. Seis indemnizaciones quedaban pendientes en noviembre, por falta de trámites o documentación, además de la finca que el Consultivo aconseja expropiar.
