El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, y el concejal de Patrimonio, Ramón Boga, esquivaron ayer la petición de reprobación apoyada por PP, BNG, Alternativa dos Veciños, EU-Son y Ciudadanos por su gestión del conflicto por la marca Galaicoi. La reprobación fue objeto de debate en un pleno extraordinario forzado por la oposición para exigir explicaciones tras descubrir que una empresa con sede fiscal en Sada, Arxon Estratexia, había inscrito el nombre de esta romería a su nombre.

El voto en contra de los dos grupos del Gobierno local, Unión por Cambre y PSOE, evitó la reprobación del mandatario y del edil de Patrimonio. El Ejecutivo lamentó el gasto "innecesario" en celebrar esta sesión plenaria y argumentó que poco después de la petición de este pleno extraordinario había llegado a un acuerdo con la empresa para la cesión gratuita del nombre comercial.

Patiño y Boga admitieron en sus respectivas intervenciones que habían cometido un error por no inscribir antes la marca pero recalcaron que tomaron medidas nada más enterarse por la oposición de que había sido inscrita por una empresa y recalcaron que este incidente no supuso ningún coste para los vecinos. El alcalde y el concejal de Patrimonio incidieron en que para recuperar la marca solo pagarán a la empresa los 405 euros de tasas derivadas de su inscripción en el Registro de Marcas, como recoge el contrato que colgaron en la plataforma de contratación un día antes del pleno: "El pago de la tasa no se puede considerar un gravamen porque el Concello tendría que pagarlo igual para registrar la marca", incidió Boga.

Sus explicaciones no convencieron a la oposición. Todos los grupos reprobaron la gestión del Ejecutivo municipal. PP, EU-Son de Cambre y Ciudadanos se mostraron especialmente duros. El BNG, por su parte, se congratuló de que la convocatoria del pleno extraordinario hubiese servido para que el Concello recuperarse la marca y reclamó la elaboración inmediata de un censo de marcas susceptibles de ser registradas. Alternativa dos Veciños pidió aclaraciones sobre algunos extremos del contrato relativos al pago de las tasas. El PSOE, que gobierna en coalición con Unión por Cambre, fue el único partido que no intervino en el debate a pesar de que EU apuntó directamente a la "vinculación" del partido socialista con la empresa "cazamarcas", en la que, recordó, trabaja como consultora fiscal y mercantil la exconcejala Margarita Iglesias.

La concejala del PP, Marta Vázquez, abogada especialista en registros de marcas, realizó una de las intervenciones más críticas. La edil acusó al Ejecutivo de plegarse a un acuerdo "humillante" con la empresa en lugar de recurrir a los juzgados. "La empresa registró la marca de mala fe, es un acto nulo. Lo que hay que hacer es reclamar la nulidad, pero en lugar de eso se rebajan a celebrar un contrato con la empresa y pretende eludir la ley de contratos. Ustedes se están obligando a no demandar y pagar los gastos. Es la cosa más indigna que pueda haber. Han usurpado una propiedad municipal y no solo no denuncian sino que asumen los gastos. Es como si un ladrón les roba y le pagan los gastos, una trapallada total", criticó la edil, que manifestó sus dudas sobre la legalidad del contrato que, en su opinión vulnera la ley de contratos, y exigió que los juristas municipales emitan un informe al respecto.

En un sentido similar se expresó la portavoz de Ciudadanos, María José García, que instó también a denunciar o a obligar a la empresa a renunciar a la marca en lugar de aceptar un "acuerdo de tapadillo". "Hay que denunciar para evitar que se repitan estas prácticas y que las empresas cazamarcas vean que hay consecuencias".

La portavoz de EU-Son de Cambre, Olga Santos, exigió también que se recurriese la inscripción en los juzgados y, al igual que PP y Ciudadanos, afirmó que el Ejecutivo era conocedor de la situación desde hace meses y que no hizo nada hasta que la oposición forzó el pleno. La edil vinculó además la operación de inscripción de la marca Galaicoi por la empresa en febrero de 2019 con la dimisión del anterior candidato del PSOE, Juan Evaristo Rodríguez, antes de la investidura denunciando "presiones" de la ejecutiva provincial. PP, Cs y EU contrapusieron además de negativa del Gobierno local con otras denuncias interpuestas por temas "menores".

El alcalde, Óscar García Patiño, atribuyó la convocatoria del pleno y las críticas de la oposición a su intención de "desgastar" al Gobierno local. Reiteró que tomó medidas nada más ser conocedor de los hechos, que no habían supuesto ningún quebranto al Concello. "No cuenten con nosotros para entrar en un juicio que no sabemos si vamos a ganar", replicó el regidor, que defendió que si hubiese alguna irregularidad "los técnicos las habrían detectado". "Hicimos lo posible para resolver el problema en el plazo más breve y con el menor coste", defendió.