La Terraza de Sada continúa en un limbo jurídico dos años después de que venciera la concesión del quiosco modernista. La Delegación del Gobierno asegura que se ha propuesto la denegación de la prórroga solicitada por los concesionarios y que está pendiente la resolución de la alegación que han presentado contra esta negativa en el trámite de audiencia.
La Dirección General de la Costa y el Mar es el organismo que deberá resolver la alegación de los concesionarios, informa la Delegación del Gobierno. El Ayuntamiento de Sada asegura no tener novedades al respecto.
El Gobierno local sadense -Sadamaioría, BNG y Alternativa dos Veciños- aprobó en solitario el pasado mes de febrero reclamar a la Demarcación de Costas la cesión de La Terraza. Todos los grupos de la Corporación municipal coincidieron en solicitar la desafectación de los terrenos de dominio público, pero el PSOE y el PP se opusieron a exigir que se ceda el inmueble, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), por dudas "jurídicas" y "éticas".
El Ejecutivo sadense aprobó demandar la cesión de La Terraza cuando Costas tenía pendiente resolver la petición de prórroga solicitada por los concesionarios. El Concello se mostró contrario a la moratoria y presentó alegaciones en las que argumentaba que la Ley de Costas establece en su artículo 81 que, una vez vencido el plazo de la concesión, es improrrogable. El Ayuntamiento alegó, además, que la moratoria resultaría incompatible con la calificación que el plan general otorga a La Terraza de sistema general de equipamiento público y uso socio-cultural y con la resolución de BIC. El Concello ya había presentado alegaciones al Estado durante la tramitación del deslinde para solicitar que los terrenos de La Terraza quedasen fuera de la línea de deslinde, como cesión al Concello en lugar de una concesión, petición que se rechazó.
La concesión de La Terraza expiró el 29 de julio de 2018, cuando ya estaba pendiente la resolución de Costas sobre la petición de prórroga de los concesionarios. El Gobierno local llevó a pleno en febrero, ante la falta de avances por parte de Costas un tras año y medio con la concesión en precario, una propuesta para exigir la resolución expresa de la denegación de la prórroga y la extinción de la concesión. En la iniciativa, pedía también la desafectación del edificio del dominio público marítimo terrestre y su posterior cesión al Ayuntamiento. La Corporación se mostró de acuerdo con solicitar la desafectación, pero PP y PSOE votaron en contra al discrepar sobre la petición de la cesión. Los socialistas plantearon dudas "jurídicas y éticas" con respecto a la propuesta que implicaría "expropiar gratuitamente" el bien, del que "una familia de Sada es legítima propietaria". Abogaron por buscar "un acuerdo legal y justo". Los populares cuestionaron que la gestión pública del BIC sea la mejor opción para conservarlo. El Ejecutivo municipal rechazó la petición del PP de retirar la demanda de cesión y aprobó la propuesta en solitario.
