El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado la resolución por la que hace oficial la autorización del cierre de la central térmica de Meirama, en el ayuntamiento de Cerceda, en la que concede un plazo de doce meses para que se haga efectivo, contados a partir de la fecha de notificación de la resolución, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La Dirección General de Política Energética y Minas resuelve que, una vez que se ejecute el cierre, la Naturgy tendrá de plazo cuatro años para proceder al desmantelamiento parcial de la central.

En el caso de que la empresa no hubiera procedido a desmantelar la térmica en el plazo establecido, se producirá la caducidad de la autorización, aclara la resolución. El texto recuerda que la titular de la instalación térmica deberá cumplir con las medidas y condiciones establecidas en el documento ambiental y en la resolución del 25 de junio de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se formuló informe de impacto ambiental del proyecto. El jefe de Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno levantará acta de cierre cuando éste se haga efectivo y remitirá la misma a la Dirección General de Política Energética y Minas.

Transición Ecológica dio el visto bueno al desmantelamiento y eximió al proyecto de someterse al trámite de evaluación ambiental el mes pasado, después de que Naturgy accediese a ampliar las medidas para minimizar el impacto, a petición de los concellos de Cerceda y Ordes y de la Xunta. El Ministerio había consultado a los tres ayuntamientos afectados (Cerceda, Ordes y Carral), doce organismos de la Xunta, diez departamentos estatales y tres asociaciones ecologistas.

El único informe negativo que se presentó al proyecto de desmantelamiento de la central fue de la Dirección Xeral de Enerxía e Minas de la Xunta, que advirtió de que no se habían considerado "los posibles impactos de carácter socioeconómico que supondrá el cierre de la central" y por entender que el proyecto debería someterse a evaluación ambiental ordinaria. El Instituto de Estudos do Territorio, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, sin embargo, emitió un informe favorable en el que apelaba al "impacto positivo" del desmantelamiento a nivel paisajístico.

La central de carbón suspendió su actividad el pasado 30 de junio, junto a otras seis centrales en España debido en aplicación de una normativa europea que endureció los límites fijados para las emisiones industriales.