El Concello de Arteixo ha aprobado adherirse al convenio de la Xunta para agilizar la gestión de las multas por incumplir las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19, como no llevar mascarilla, saltarse el toque de queda o reunirse con más personas de las permitidas. De este modo, el personal del Gobierno gallego se encargará de realizar la instrucción del expediente, salvo la aprobación de la sanción, que corresponderá a la entidad local. El Ejecutivo municipal recurre a esta ayuda al haber más de 200 denuncias sin tramitar en la actualidad.
El informe elaborado por el jefe del área de Seguridad recoge que “resulta de difícil aplicación la tramitación de las sanciones” por estos incumplimientos, “lo que está provocando la existencia de una bolsa de denuncias sin tramitar, en la actualidad superior a las 200 denuncias”, en las que se incluyen todas las puestas por la Policía Local, Guardia Civil y Policía Autonómica. El documento también recoge que es importante que haya una tramitación correcta para evitar que se produzca una “sensación de impunidad en los presuntos incumplidores” y, al mismo tiempo, “la frustración de los responsables de la vigilancia del incumplimiento de la normativa, que corresponde a los cuerpos y, principalmente, a la Policía Local, a través del levantamiento de las denuncias”.
El pleno de Arteixo aprobó el pasado viernes la adhesión al convenio con la Xunta con los votos favorables del PP, BNG y del edil no adscrito, Antonio Patiño. El PSOE se abstuvo.
La Xunta ofrece a las administraciones locales asumir todos los trabajos burocráticos a cambio de cobrarles por la gestión, si bien las denuncias deberán seguir siendo tarea de las respectivas policías locales o de los propios trabajadores municipales.
El Ejecutivo gallego aprobó a finales del pasado mes un acuerdo para plantearle a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) que permita a las entidades locales esquivar los problemas para gestionar las sanciones que afecten a competencias municipales, después de las quejas de los ayuntamientos por la sobrecarga de trabajo que les supone esta cuestión, añadida a las tareas vinculadas a limpieza o desinfección para combatir los contagios por la pandemia del COVID.
El modelo por el que se ha decantado el Gobierno gallego no es novedoso, pues ya es aplicado por las diputaciones provinciales para asumir, por ejemplo, la recaudación municipal de los ayuntamientos con escasos medios humanos.
