El Supremo archiva la causa contra el diputado del BNG que participó en la toma simbólica de Meirás

El diputado se enfrentaba a cargos por delitos de daños, allanamiento de morada, contra el honor y de odio. El Alto Tribunal archiva la causa de acuerdo con la Fiscalía al no encontrar suficientemente justificado el carácter delictivo de los hechos ni contar con la “mínima solidez exigida" los indicios aportados sobre la participación del aforado. El Supremo no se pronuncia sobre las acusaciones dirigidas hacia los otros 17 encausados, que no están aforados y cuya causa sigue abierta en el Juzgado de Betanzos, que al contrario que el Supremo, sí vio indicios de todos los delitos que denuncian los Franco.

Según detalla el fallo del Supremo, Néstor Rego fue uno de los activistas que accedió al interior del pazo para subir a una de las torres y desplegar desde ahí una gran pancarta para exigir la devolución del pazo, que la Justicia ha declarado patrimonio público, aunque el fallo todavía no es firme.

Los jueces absuelven a Rego de todos los delitos imputados. Sobre la supuesta comisión de un delito de odio a la que apelaban los Franco, los magistrados lo descartan: “No se identifica el grupo minoritario necesitado de especial protección al que pertenecen los querellantes”, razonan. Tampoco ven justificada la querella por un delito contra el honor por los lemas de las pancartas. Argumentan los jueces que “lo robado” es “una expresión coloquial, que no se atribuye a persona concreta de manera precisa", y recuerdan además que una sentencia, todavía recurrible, considera el pazo de Meirás un bien estatal. Por este motivo consideran que la reclamación "no ha resultado realizada con temerario desprecio de la verdad".

Los jueces tampoco ven indicios de allanamiento de morada, dado que este delito, apuntan, está “ligado al derecho a la intimidad personal y familiar”, por lo que resultaría necesario que la privacidad hubiese resultado “lesionada o gravemente amenazada”. En este caso, concluyen, se trataba de un día de visitas al BIC, no estaban los Franco en el interior del pazo y no hay pruebas de que Rego “realizara otra cosa que acceder al torreón para hacer visible la pancarta”. No hay indicios, inciden, de que el acusado accediese a los dormitorios del inmueble ni a la residencia del guardés y su familia. Sobre los daños en la cubierta y el cierre perimetral alegados por los denunciantes, los jueces admiten que no son “justificables en modo alguno en virtud del acto reivindicativo”, pero sostienen que no se han aportado ninguna prueba de que fuesen causados por el aforado.

Sobre los desperfectos, apunta además, que fueron de “escasa entidad” y que afectaron a 20 planchas de zinc de “nimio valor” que pudieron ser causados por el “pasear despreocupado de uno solo de los ocho que se subieron”. "Las dobleces, pequeñas roturas y desengarces que aparecen en las chapas no presentan una destrucción generalizada ni propia de contundentes golpes, sino de escasa entidad, más propias de algún discurrir descuidado por las mismas", argumentan los magistrados, que consideran que, en todo caso, su reposición serían objeto de una causa de responsabilidad civil. Los jueces recuerdan además que hay reiterada jurisprudencia constitucional que señala que "en este tipo de manifestaciones colectivas, ni siquiera a los dirigentes, cabe imputar penalmente los excesos que, en su caso, sean cometidos por terceros". Advierten además que no es posible una "atribución genérica e indiscriminada de la responsabilidad por unos daños que se pudieron haber producido durante la protesta a todos y cada uno de los partícipes en la misma, sin concretar ni individualizar mínimamente cómo pudieron contribuir a causarlos".