El Concello de Arteixo reanudó ayer los trabajos de urbanización en As Eiras, Meicende, después de que una sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de A Coruña rechazase el recurso de un particular contra la expropiación y el derribo de su vivienda. El Ayuntamiento comenzó ayer las labores de asfaltado, dentro del proyecto se desarrolla en un tramo de la calle Ecuador y parte de la Travesía de Meicende.
Las obras, cuyo proyecto constructivo tuvo un coste de 146.000 euros, conllevaron la demolición de varias viviendas, la mayor parte en ruinas, para construir aceras y ampliar la carretera. El Gobierno local señala como objetivo principal de estos trabajos “eliminar los puntos de venta de droga presentes en la zona”.
El Concello arteixán había realizado antes de la obra los trabajos de levantamiento topográfico y replanteo previos a la ejecución de un proyecto en la zona de As Eiras, “basado en el planeamiento urbanístico previsto para la zona”, apuna el Gobierno local. “As Eiras se había convertido en un foco de problemas de corte social debido al supuesto trapicheo de drogas para el que se utilizan algunas de las viviendas”, sostiene el Ejecutivo que dirige Carlos Calvelo.
“La intención del Concello fue trabajar por la eliminación de ese punto conflictivo. Más allá de las acciones de las fuerzas de seguridad, lo que queremos conseguir en As Eiras es pelear por la eliminación de los problemas de convivencia que se producen allí”, asegura el Ayuntamiento. “Queremos una solución para As Eiras de cara a convertir la zona en un espacio público de calidad. Es complicado pero no cejaremos en nuestro empeño”, señala.
El dueño que recurrió solicitaba al juzgado declarar la nulidad del procedimiento de expropiación de los terrenos y la casa. El recurrente apeló a la falta de legitimación del Ayuntamiento para proceder a la expropiación y derribo de la casa, que había adquirido en 1975 y que había poseído “en concepto de dueño sin interrupción desde ese año”. Alegó que la actuación vulneraba la Ley de Suelo ya que las normas subsidiarias no establecían la ordenación detallada ni constituían un instrumento de planeamiento suficiente para legitimar la expropiación, por lo que el acuerdo debía declararse nulo de pleno derecho al no haberse aprobado el planeamiento de desarrollo. También sostuvo que la expropiación y la obra de urbanización debía considerarse una actuación urbanística en el medio urbano y reivindicó el derecho al realojo. La jueza desestimó todos sus argumentos.
