Iniciativa Galega pola Memoria, la plataforma que aglutina a las asociaciones memorialistas de Galicia, se suma al Concello de Sada e insta a la Xunta a modificar el decreto por el que el pazo de Meirás se declaró Bien de Interés Cultural en la categoría de sitio histórico para incorporar los bienes muebles que deben permanecer en el pazo por su importancia para interpretar el BIC. La plataforma insta a la Consellería de Cultura a actuar con premura tras el auto de la Audiencia Provincial que tumba las medidas cautelares que decretó la jueza de primera instancia y da vía libre a los herederos del dictador para llevarse los muebles, obras de arte y enseres depositados en As Torres.

La plataforma memorialista insta a la Xunta a "utilizar todas las prerrogativas que le da la Lei de Patrimonio Cultural para impedir que Galicia viva un nuevo saqueo" y lamenta el "cariz franquista" de la resolución de la sección número 3 de la Audiencia Provincial, que revocó también parcialmente la sentencia del juzgado de primera instancia que ordenaba a los Franco devolver el pazo de Meirás al Estado y les reconoció el derecho a una indemnización como poseedores de buena fe.

Iniciativa Galega pola Memoria considera que el auto de la Audiencia que permite a los Franco retirar los bienes muebles es "un nuevo insulto a las víctimas imposible de asumir en una democracia". "La lucha por el pazo no tiene como objetivo lograr un bien material, sino denunciar la impunidad y el mantenimiento de prebendas franquistas en democracia que tan bien ejemplifica el pazo de Meirás", defiende el colectivo en un comunicado en el que instan a la Xunta y al Estado en adoptar todas las medidas a su alcance para evitar el "saqueo".

La Consellería de Cultura no ha aclarado a este medio si modificará el decreto por el que se declararon BIC As Torres de Meirás en 2008 para incorporar los bienes que deben quedar asociados al sitio histórico.El Estado se ha limitado de momento a decir que sopesa acciones para "evitar el expolio". Desde el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática recalcan que la Audiencia Provincial no se pronuncia en el auto sobre la titularidad de los bienes muebles, sino que solamente revoca su depósito cautelar al entender que la medida no se ajusta a derecho. En su auto, los jueces argumentan que la medida es improcedente dado que la demanda del Estado se limitó al inmueble y las fincas, no al contenido; sostienen que no procede aplicar medidas cautelares en ejecución de sentencia e invita al Estado a presentar otra demanda para reclamar el mobiliario o un incidente de ejecución si lo considera procedente.