El Parlamento gallego aprobó ayer por unanimidad una proposición del BNG enmendada por el PP para agotar todas las vías, tanto jurídicas como administrativas, para intentar evitar un “nuevo saqueo” de los bienes del pazo de Meirás que “fueron resultado del expolio franquista”. Tras la diligencia judicial que da vía libre a los nietos del dictador Francisco Franco a retirar los bienes, los tres grupos con representación en O Hórreo estuvieron de acuerdo en instar al Estado a “defender la titularidad pública de los bienes muebles que son parte integrante e inseparable” de este conjunto, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de sitio histórico.

PP, BNG y PSdG instan también a la Xunta a personarse como administración codemandante en todos los procedimientos judiciales que interponga el Estado y a sumarse a “todas las medidas previstas en la legislación, incluyendo las medidas cautelares y urgentes, para garantizar la unidad e integridad de los bienes muebles que forman parte del BIC”.

Los tres partidos estuvieron de acuerdo en agotar todas las posibilidades para evitar que los nietos del dictador Francisco Franco puedan retirar ningún elemento, salvo los enseres de estricto uso personal. El mayor punto de desencuentro fue el relativo a las competencias para modificar el decreto por que la Xunta declaró el pazo Bien de Interés Cultural para incluir una relación de los bienes muebles que deben quedar asociados a este sitio histórico.

El PP defiende que es competencia del Estado dado que, aduce, el pazo de Meirás es ya patrimonio nacional, un extremo cuestionado por el Concello de Sada, BNG, PSdG y expertos consultados por este diario, que incidieron en que el inmueble no está adscrito a ningún servicio de la Administración General del Estado ni es todavía no es patrimonio nacional, dado que la sentencia que ordena su devolución al Estado es todavía provisional, por lo que no puede hacer efectos a nivel registral. Los populares rectificaron ayer a medias, aunque mantuvieron que la responsabilidad es del Estado y propusieron instar al “Estado y a la Xunta a colaborar en la incoación urgente del procedimiento para la inclusión en el BIC de los bienes muebles que forman parte inseparable del inmueble.

El acuerdo no convenció a la oposición. El BNG defendió nuevamente que las competencias en este punto son de la Xunta y, en aras de alcanzar un acuerdo, propuso finalmente limitarse a instar al Gobierno gallego “a defender la incoación” de este expediente, “sin entrar a decir quién lo tiene que hacer” . Con esta salvedad, el acuerdo fue aprobado por unanimidad.

El Parlamento ha dado luz verde a este proposición a un día de que finalice el plazo para recurrir la diligencia judicial que da vía libre a los Franco para vaciar el pazo de Meirás. El plazo finaliza hoy y el Estado y la Xunta no han confirmado a este medio si presentarán o no recurso, aunque todo apunta a que sí, dado que el delegado del Gobierno, José Miñones, anunció hace ya días que la Abogacía del Estado estudiaba las posibilidades del recurso y, este martes, avanzó que informaría de los pasos “en breve”. El Ejecutivo gallego, por su parte, ya dejó claro que se sumará como parte adhesiva a cualquier recurso que interponga el Estado. El Concello de Sada fue el primero en anunciar que recurriría la diligencia judicial y el Concello de A Coruña y la Diputación confirmaron ayer que también darán la batalla.

El acuerdo del Parlamento gallego coincide con la presentación de un escrito en el juzgado por parte de los nietos del dictador en el que informan de la empresa de mudanzas y los operarios a los que han encomendado la retirada de los bienes. En el escrito, los representantes legales de los Franco añaden que sus representados tienen la intención de estar presentes “para supervisar y colaborar con los trabajos”