La plataforma Defende Meirás convoca a las entidades memorialistas y a la sociedad en general a participar en un paseo reivindicativo por los jardines del pazo de Meirás el próximo 19 de junio al mediodía. El colectivo ya ha solicitado autorización a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para esta marcha cívica, que cuenta con el respaldo del Concello de Sada, que asumirá “las necesidades logísticas y de organización”.
El Gobierno todavía no ha puesto fecha para la apertura al público de este Bien de Interés Cultural, del que es titular provisional desde el pasado diciembre, aunque desde Defende Meirás apuntan que su petición ha sido recibida con "buena disposición" por parte de los responsables de Memoria Democrática. Con este breve recorrido por los jardines, que podría estar amenizado por una actuación musical, Defende Meirás pretende expresar su repulsa contra la “rapiña de los Franco” e instar a la Xunta a modificar sin más dilación el decreto de BIC para incluir los bienes asociados a este sitio histórico. La plataforma ha reunido casi 1.400 firmas para instar este trámite ante el riesgo de que los herederos del dictador vacíen el inmueble. Como avanzó este diario, los hermanos Martínez-Bordiu han recurrido los incidentes de ejecución de sentencia del Estado y el Concello de Sada y defienden su derecho a llevarse prácticamente todos los bienes del pazo, incluido el sepulcro que mandó labrar Emilia Pardo Bazán o el escudo del ducado de Franco de la fachada (defienden que los únicos elementos que legalmente no pueden retirar son aquellos que "no se pueden separar sin causar un daño relevante, irreparable y consistente en que se destruya o deteriore [el inmueble] significativamente con la separación").
Iniciativa Galega pola Memoria, promotora de la plataforma Defende Meirás, reclamó ayer el apoyo de las entidades memorialistas y la sociedad civil para "abarrotar" los jardines del pazo y celebrar que "por primera vez el movimiento memorialístico cruza los muros que separaron la democracia del franquismo durante más de cuatro décadas". "Nuestro deseo es que Meirás empiece una nueva vida a partir del 19 de junio. Delante de la irresponsabilidad de la Xunta, que intenta pasarle la pelota al Estado a la hora de proteger todos los bienes muebles del pazo, la sociedad civil gallega volverá a responder como ya hizo cuando se trató de recuperar la propiedad", incidió ayer uno de los portavoces de Defende Meirás, el investigador Carlos Babío, que advierte de que este "divorcio administrativo y jurídico solo beneficia a los Franco".
Los investigadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, integrantes de Defende Meirás, mantuvieron ayer una reunión con el alcalde de Sada, Benito Portela, y las concejalas Laura Rodríguez y Paola Mondaca. En el encuentro, el regidor expresó el apoyo "decidido y continuado" del Concello a la causa de Meirás y reclamó nuevamente el "desbloqueo institucional entre Xunta y Estado" para ampliar la protección del pazo a los bienes. Como ya informó este diario, Benito Portela trasladó el miércoles una propuesta al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, para intentar desbloquear de una vez este trámite. La Xunta apuntó ayer que todavía no puede hacer una valoración sobre la propuesta.
Carlos Babío, absuelto
El Juzgado de Primera Instancia número 43 de Madrid ha absuelto al investigador Carlos Babío y a los reporteros denunciados por los Franco por su participación en un programa de Mediaset emitido en Cuatro sobre la fortuna del dictador. Los hermanos Martínez Bordiu, que denunciaron que los periodistas y los intervinientes habían vulnerado sus derechos fundamentales al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen.
Los Franco denunciaron sin éxito que, con la “burda excusa” de la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos, Mediaset había dedicado un programa a analizar las propiedades de la familia en una “línea difamatoria” y con “maledicencias no contrastadas”.
La jueza Carmen Iglesias Pinuaga concluye que el reportaje fue “parcial y sesgado” pero amparado por la libertad de expresión e información. La magistrada ordena que cada parte abone las costas causadas a su instancia ante la “dificultad apreciada en la cuestión objeto del debate”. El fallo descarta la vulneración de los derechos a la imagen o intimidad dado que los denunciantes tienen “una proyección pública que no puede ser desconocida” y porque las imágenes utilizadas fueron tomadas en lugares públicos y no se revelaron datos de la vida personal en el reportaje.
