Los residentes en la urbanización de Párroco Villanueva llevan veinte años atrapados en un desesperante limbo urbanístico: sin licencia de primera ocupación y obligados a convivir con deficiencias de calado en un sector inacabado que fue gestado en plena fiebre del ladrillo y que se ha convertido en uno de los mayores quebraderos de cabeza de Sada.
El espacio que debían ocupar las zonas verdes y los viales interiores es una selva prácticamente inaccesible; la Policía Local ha tenido que disolver varios botellones en el edificio inacabado y en los bloques habitados se dan situaciones surrealistas, como que la entrada trasera a uno de los garajes no da a la calle, sino a un segundo piso.
La situación de este ámbito, que en 2005 registró un corrimiento de tierras que disparó todas las alertas, es tan enrevesada que quedó finalmente excluido del plan general aprobado en 2017, para desesperación de los residentes. Y la solución, reclamada insistentemente por los vecinos, sigue en el aire a poco de cumplirse un lustro de la aprobación definitiva del primer planeamiento de la historia de Sada.
Este embrollo urbanístico podría estar algo más cerca de resolverse. El pleno aprobó el pasado junio por unanimidad una moción del PP enmendada por el Gobierno local para iniciar el expediente de ordenación de este ámbito (la antigua UEI-8) y adaptarlo, con algunos cambios, a la propuesta plasmada en el PXOM aprobado inicialmente en 2012 por el Ejecutivo de Ernesto Anido.
La propuesta, que suscitó una unanimidad inusual en Sada, especialmente en temas urbanísticos, pasa por ampliar el sector de suelo urbano no consolidado para incluir la parcela de la conocida como Casa do Escudo, en avanzado estado de ruina y que sería reformada como equipamiento público. Esta ampliación permitiría aumentar el aprovechamiento total del ámbito, pero a diferencia de la propuesta inicial de 2012, ya no recoge la construcción de un segundo bloque y plantea liberar espacio para un aparcamiento público con acceso desde la plaza de A Barrosa y la instalación de un ascensor que comunique esa plaza con Párroco Villanueva.
Otro punto en el que hubo coincidencia, aunque también supeditada al dictamen favorable de los técnicos, es en cambiar el sistema de gestión por el de cooperación, dada la inactividad de la Junta de Compensación y la urgencia de solventar cuanto antes las deficiencias del sector en el que residente alrededor de cuatrocientos vecinos.
El Gobierno local se mostró de acuerdo con la ordenación propuesta, aunque con peros. El alcalde, Benito Portela, que lleva el área de Urbanismo, se muestra cauto: “No es tan fácil”, apuntó ayer al ser consultado. Portela recuerda que la Xunta, en la orden de aprobación definitiva que deja en suspenso la UEI-8 planteaba dos opciones: incorporar el planeamiento anterior, reconociéndolo estrictamente, o ajustarse a lo establecido por la ley de suelo y la legislación sectorial para suelo urbano no consolidado: “El problema radica en que la legislación sectorial en este tipo de suelo limita el aprovechamiento tipo máximo al 0,50, no lo que estaba previsto en el plan general aprobado inicialmente, lo que provocaría unas dificultades tremendas en el proyecto de equidistribución”, advierte Portela, que pone el foco en los riesgos de esta solución. “Es una ordenación que aparentemente nos gusta a todos pero que tiene aristas en el momento de su ejecución. Incluso ampliando esos cuatro mil metros cuadrados, el aprovechamiento máximo permitido sería de unos 10.000 metros construidos y ahora hay materializados y ocupados por adquirientes de buena fe unos 12.000 metros, por lo que sería reconocer demoliciones”, apunta Portela, que incide en que los derribos afectarían a los bloques ocupados.
El Gobierno local, que ha mantenido una reunión con los responsables de la Xunta para analizar posibles soluciones, advierte además que la ampliación de la superficie llevaría aparejada una modificación puntual del PXOM que podría demorar la solución, dado que la parcela de la Casa do Escudo —adquirida recientemente por unos particulares— es suelo urbano consolidado.
El Ejecutivo apunta que trabaja en una solución que elevará a pleno una vez disponga de los informes pertinentes.
