El Ministerio de Transportes inició en junio de 2020 la evaluación ambiental del proyecto revisado para crear una conexión entre la Autopista del Atlántico (AP-9) y la tercera ronda (AC-14), el conocido vial 18, a través de A Zapateira, en terrenos de los concellos de A Coruña y Culleredo. Desde entonces y hasta hoy, esta iniciativa ha estado en el estado de “recepción del expediente”, según se puede consultar en la web de Transición Ecológica, organismo encargado de determinar el impacto de esta infraestructura. ¿Cuál es el motivo de que no haya comenzado este trámite? Una consulta al expediente de esta actuación, al que ha tenido acceso este diario, permite conocer que Transición Ecológica recibió la documentación técnica del proyecto, pero detectó que faltaban tres informes que exige la legislación y los solicitó al promotor: planificación hidrológica, prevención y gestión de riesgos derivados de accidentes graves o catástrofes, y de salud pública.
Una vez recibido el requerimiento por parte del órgano ambiental, Transportes se ha dedicado a intentar obtener estos documentos hasta la actualidad. Los solicitó a Augas de Galicia, a la Dirección Xeral de Saúde Pública y a la Dirección Xeral de Emerxencias. El primer análisis en llegar fue el de la planificación hidrológica (lo hizo en octubre del pasado año) y el segundo fue el de salud pública (remitido en septiembre de este año). En el expediente no consta que haya llegado el informe sobre emergencias. La Ley de Evaluación Ambiental establece que estos tres informes son de “carácter preceptivo” para poder superar la evaluación ambiental.
La alternativa elegida por Transportes para el vial 18, de entre las cuatro que analizó, parte de la AP-9 y llega hasta el enlace de la tercera ronda en A Zapateira pasando por el sur del campo de fútbol de O Carrizo y por el norte del complejo de Rialta. Supondrá un presupuesto de ejecución de 30,5 millones de euros, incluidos los 4,87 millones de euros previstos para expropiaciones. La conexión tendrá una longitud de unos 1,4 kilómetros y dos enlaces, según recoge el proyecto previsto.
Carretera paralela
El Ministerio de Transportes y el Concello de Culleredo alcanzaron, según desveló esta semana este periódico, un “principio de acuerdo” . El Ejecutivo central considera viable la creación de una carretera local que discurra de forma paralela a la infraestructura principal, que daría servicio a los residentes de toda la zona, aunque la condiciona a la realización de “un estudio más detallado”. Esta vía, que llega tras mantener varias reuniones con el Ejecutivo local, conectaría el Monte Alfeirán, Laxe, A Xeca y A Zapateira.
La primera reacción tras conocerse este pacto llegó por parte del partido Más por Culleredo, que advierte que este acuerdo implicaría “un destrozo mayor al que ya se expuso públicamente en 2019, por lo que el proyecto del vial 18 se verá modificado sustancialmente y la indefensión vecinal será total”.
La formación acusa al alcalde cullerdense, José Ramón Rioboo, de dar el visto bueno “a una actuación dañina, mientras declaraba públicamente que estaba en contra de este vial o presentaba mociones en las que se pedía la anulación del mismo”.
Los estudios preliminares realizados por la Demarcación de Carreteras sobre esta nueva carretera concluyen que, “en principio, técnicamente su encaje es viable”, aunque “con la necesaria reserva de un estudio más detallado en la siguiente fase del proyecto”. El informe elaborado por Transportes señala que “este viario de mejora de la conexión local permitiría el flujo y la movilidad entre el entorno del Monte Alfeirán, Laxe, A Xeca y A Zapateira y cumpliría todos los requerimientos de la orden de estudio de esta actuación, así como satisfaría las demandas del Ayuntamiento de Culleredo, al ser una actuación que redundará en beneficio de sus ciudadanos, por lo que se aconseja un estudio en profundidad para concluir su viabilidad”.
Este principio de acuerdo alcanzado por las dos Administraciones públicas llegó después de que a lo largo de 2019 y los primeros meses de 2020 el Concello y el departamento estatal mantuviesen conversaciones para tratar de resolver y solventar las cuestiones planteadas, según recoge el expediente.
