El plan general de Betanzos, el primero de su historia, recibió alrededor de setecientas alegaciones, según detalló ayer en pleno el concejal de Urbanismo, Andrés Hermida. Algunas de estas impugnaciones están secundadas por numerosos vecinos, como la del vial de Infesta, apoyada por más de seiscientas firmas, u otra contra dos sectores de suelo urbano no consolidado de esta localidad, respaldada por 119 residentes.
El plazo para alegar contra el PXOM finalizó a finales de diciembre y el Concello debe estudiar ahora las sugerencias y valorar su inclusión o no en el documento urbanístico que elevará a aprobación provisional.
El Ejecutivo ya avanzó la aceptación de la demanda del vial de Infesta. La alcaldesa, María Barral, avanzó que había dado orden al equipo redactor de que retirase el trazado aunque explicó ayer en el pleno que su retirada no se hará efectiva hasta resolver todas las alegaciones.
El Gobierno local dio luz verde en solitario a una modificación del plan general aprobado inicialmente para incluir los cambios solicitados por la Dirección General de Telecomunicaciones, que emitió un informe desfavorable. El edil Urbanismo explicó que las correcciones solo afectan a algunos puntos de la normativa y de la memoria justificativa. “Son cuestiones menores para adecuarse a lo solicitado que no afectan en demasía al contenido del plan”, apuntó el concejal, que recalcó que no tienen impacto en las calificaciones ni clasificaciones de suelo y que Secretaría había concluido que se trataba de cambios no sustanciales.
La portavoz del BNG, Amelia Sánchez, expresó sus dudas sobre las repercusiones que podrían tener estas modificaciones, lamentó que el Ejecutivo no hubiese esperado a disponer de todos los informes sectoriales y abogó por solicitar a la Xunta que se pronuncie sobre la procedencia o no de abrir un nuevo plazo de exposición pública. “Puede generar inseguridad jurídica”, advirtió.
El portavoz del PP, José Ángel Rodríguez, llamó la atención sobre el hecho de que el organismo estatal advertía de la regulación incorrecta de los usos de suelo, pidió que se aclarase su alcance de los cambios y criticó que las modificaciones requeridas se realizasen fuera del plazo de un mes marcado por el Ministerio. “Jugarse un tema tan relevante como este por los plazos puede ser un peligro”, advirtió.
El secretario reiteró que no eran cambios sustanciales y expresó su confianza en que el retraso en responder no tendrá consecuencias. El Gobierno accedió a pedir un informe a la Xunta para despejar las dudas.
