El Ministerio Fiscal solicita pena de prisión para el constructor Manuel Gómez Landeira por estafa impropia y por alzamiento de bienes, en el juicio por la operación en la que 21 familias cedieron terrenos en Vilaboa en 1999 a cambio de pisos en la promoción que preveía Landeira y se quedaron sin tierras, sin pisos y sin dinero. El fiscal se adhirió de modo parcial a la petición de la acusación particular, que rebajó su solicitud de pena de prisión de cuatro a tres años de cárcel, rebaja que aplica por las dilaciones en la tramitación del expediente en la fase de instrucción, además de veinte meses de multa a seis euros diarios, es decir, 3.600 euros. Los abogados defensores solicitaron la libre absolución para los tres acusados: Landeira —ausente ayer por un tratamiento médico con ingreso hospitalario—, el promotor y presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla; y el que era apoderado de cuentas de Aparcamientos Monelos, empresa de Fontenla, Dositeo Rodríguez.
La causa quedó ayer vista para sentencia, tras la declaración en sede judicial de dos peritos. Una de las expertas fue la auditora de cuentas que informó sobre el estado financiero de la empresa de Landeira para la que se firmó el préstamo de Fontenla —de 1 millón de euros a devolver en dos meses y con un interés de un 1%—, Promociones Naiguata, cuyo impago motivó la ejecución como garantía de los terrenos. El otro, el asesor fiscal que llevaba la contabilidad de Landeira como servicio externo, ya que el empresario no contaba con departamento contable en su grupo empresarial, aseguró el perito.
La auditora declaró que Naiguata se encontraba en quiebra técnica y causa de disolución cuando se firmó el préstamo por el que Fontenla, que no conocía a Landeira, le prestó un millón de euros a devolver en dos meses. Apuntó que la empresa tenía 200.000 euros de fondos para afrontar 12 millones de euros de deuda —7 de ellos, con otras empresas del grupo de Landeira—. Vio “totalmente incomprensible” la concesión del préstamo en estas circunstancias, “salvo que tu intención no sea que se devuelva el dinero, sino hacerte con los bienes”, sostuvo. “Era prácticamente imposible la devolución del dinero. Y no había otra forma de recuperarlo más que con los terrenos”, consideró. Aseguró que Naiguata no tenía capacidad para devolver ese importe “ni en dos meses, ni en un plazo más amplio”.
La perito aseguró, además, que en toda su trayectoria profesional nunca se encontró con “un préstamo donde no sea el prestamista de donde salen los fondos ni el prestatario al que van, y menos un préstamo hipotecario y ante notario”. Se refería la auditora al hecho de que en el contrato del préstamo figura que los fondos salen de Aparcamientos Monelos y se destinan a Naiguata, cuando, como incidió el abogado de la acusación particular, Manuel Ferreiro, el dinero salió de Fontenla, persona física, y fue a parar a Inmobiliaria Residencial Parque Ronda, la empresa más saneada del grupo de Landeira. En concreto, 500.000 euros, la mitad del préstamo, se transfirieron directamente del promotor a la empresa y los otros 500.000 euros se ingresaron primero en una empresa de Fontenla, Aparcamientos Monelos —de la que era apoderado Rodríguez— y, desde ésta, se transfirieron a Parque Ronda “dos días después”.
El asesor fiscal que llevaba la contabilidad de Landeira explicó que, en aquel momento, el empresario gozaba de buena reputación en A Coruña, lo que explicaría que Fontenla le prestara los fondos, y confiaba en poder remontar la situación de crisis en la que se sumió el sector inmobiliario y de la construcción tras el estallido de la burbuja en 2008. Además, apuntó que la solvencia o el valor patrimonial de los bienes de una empresa debería analizarse con atención al valor de mercado de sus propiedades, y no al precio de su adquisición. El perito defendió que, en aquellos años, la solvencia se analizaba con perspectiva “global” de las empresas de Landeira y que era habitual que se transfirieran fondos entre ellas. Apuntó, además, que en ocasiones las entidades financieras pedían modificar posiciones para conceder créditos.
Los abogados defensores de Landeira y Fontenla, José Ramón Sierra y Carlos Seoane Domínguez, respectivamente, señalaron, de hecho, que este habría sido el objetivo de la firma del crédito: ajustarse a los requisitos para lograr el préstamo de tres millones que el Banco Popular concedió a Landeira el 10 de enero de 2010. El préstamo de Fontenla a Landeira consta en las cuentas como concertado el 31 de diciembre de 2009, señaló la perito en sede judicial. Ambos letrados, al igual que el que ejerce la defensa de Rodríguez, Manuel Meiriño, solicitaron la absolución por considerar que los hechos de los que se les acusa no quedaron “en absoluto acreditados”, expresó Seoane. Meiriño culpó a “una persona del Ayuntamiento de Culleredo —el exalcalde Julio Sacristán medió en el proceso— de “engañar” y “mentir” desde el principio para una operación que permitiera llevar adelante un colegio y un acceso.
El abogado de la acusación particular incidió en que el contrato del préstamo de Fontenla a Landeira incurrió en “simulación relativa”, puesto que el prestamista y el prestatario que figuran en la documentación no se corresponden con los que cedieron y recibieron los fondos en realidad. Apuntó que el objetivo era vaciar patrimonialmente Naiguata y aclaró que no defendía que se hubieran elegido específicamente esas fincas, pero sí cuestionó que Fontenla concediese un préstamo a una empresa en quiebra técnica de un desconocido, como era Naiguata.
El fiscal consideró que solo se habían acreditado parte de los hechos y dirigió su acusación solo contra Landeira. Sostuvo que “lo que dice el contrato no se corresponde para nada” y “no se parece en nada” a la transmisión de fondos real, pero no vio probados los hechos que incriminarían a Fontenla y Rodríguez.
“A mí lo único que me faltó es que me apaleen”, aseveró Fontenla, en la última palabra. “Me salió todo mal y me siguen cayendo bofetadas”, aseguró el presidente de los empresarios coruñeses. Afirmó además, que se les engañó en el proceso de la operación urbanística y que confió cuando Landeira y su mujer figuraron como aval solidario del préstamo.
