Sadamaioría recurre en los juzgados los acuerdos de organización y los sueldos del nuevo Gobierno

Denuncia que incumplen la ley que impide que los tránsfugas vean mejoradas sus condiciones

La alcaldesa, María Nogareda, en primer término y, al fondo, los ediles de Sadamaioría y BNG

La alcaldesa, María Nogareda, en primer término y, al fondo, los ediles de Sadamaioría y BNG / VICTOR ECHAVE

Sadamaioría ha presentado hoy un recurso contencioso administrativo contra varios acuerdos adoptados por el nuevo gobierno salido de la moción de censura del pasado 18 noviembre. La formación que lidera el exalcalde, Benito Portela, impugna por esta vía el decreto de Alcaldía de composición del Ejecutivo y los acuerdos plenarios de régimen de dedicaciones, retribuciones y compatibilidades.

Sadamaioría denuncia que todos los acuerdos vulneran lo establecido en el artículo 73.3 de la Ley de Bases de Régimen Local al atribuir dedicaciones, delegaciones y retribuciones a concejales tránsfugas. En el caso de la edil María Pardo, la formación apela además al incumplimiento de la normativa de incompatibilidades de los funcionarios públicos.

"Sadamaioría no puede tolerar pasivamente que concejales tránsfugas , varios de ellos expulsados de sus organizaciones y otros con expulsiones en trámite, que actuaron al margen de sus organizaciones políticas, tengan dedicaciones y retribuciones que no les corresponden", argumenta la formación, que recuerda que la ley y la jurisprudencia establece que un tránsfuga no puede tener cargos, dedicaciones o retribuciones que no le corresponderían de no tener tal condición.

Como ya informó este diario, el PP y PSOE han expulsado ya provisionalmente a sus ediles, aunque estos han recurrido los acuerdos de sus partidos de procedencia y mantienen aún las siglas. Alternativa dos Veciños echó a los suyos de forma definitiva, aunque la ahora alcaldesa, María Nogareda, y su compañero Breogán Blanco, mantienen las siglas y argumentan que la formación por la que concurrieron a las elecciones incumplió la ley al no darles audiencia como paso previo a la aprobación definitiva de su expulsión.

Los nueve ediles firmantes de la moción de censura defienden que no son tránsfugas.