Una jueza ve indicios de que Benito Portela y la edil de Seguridade prevaricaron al no tramitar multas a bares

El Juzgado de Instrucción número 3 de Betanzos acaba de dictar un auto en el que acuerda abrir un procedimiento abreviado contra el alcalde de Sada, Benito Portela, y la edil de Seguridade Cidadá, Pilar Taibo, por los supuestos delitos de prevaricación administrativa o, alternativamente, de infidelidad en la custodia de documentos.

La juez incluye ahora como investigado en esta causa al que era en aquel momento secretario particular de Portela, Fernando Fariña, ahora concejal de Obras. Hasta ahora este edil solamente había prestado declaración en calidad de testigo.

Como ya informó este diario, la investigación, iniciada en 2021, parte de una denuncia ante la Fiscalía del anterior jefe accidental de la Policía Local, Juan Carlos Arias, que acusó al Gobierno local de no tramitar las denuncias a locales de hostelería por supuestas infracciones en la normativa entre los años 2016 y 2020.

El alcalde de Sada, investigado al denunciarle un policía por no tramitar multas a locales

El juzgado estima ahora la petición del Ministerio Público de continuar con el procedimiento en base a la existencia de indicios que apuntan a que el alcalde, la responsable de Seguridade y su secretario particular “omitieron de forma consciente y voluntaria los trámites correspondientes para dar curso a las denuncias”, en concreto, a alrededor de una treintena.

La magistrada Ana Rodríguez Piorno considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa o, alternativamente, de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, por lo que ordena la apertura de un procedimiento abreviado.

El juzgado ha trasladado su resolución a la Fiscalía y a los investigados para que presenten en el plazo de diez días un escrito de acusación en el que soliciten la apertura del juicio oral o, por el contrario, el sobreseimiento de la causa.

Las más de treinta actas de denuncia que, según la acusación particular y la Fiscalía, el alcalde y los dos ediles guardaron en un cajón, se corresponden en su mayor parte con supuestos incumplimientos en la normativa de cierre de locales de hostelería, aunque también hay algunas por el mismo motivo dirigidas a locales municipales, como la cafetería de la Casa da Cultura. Parte de las actas se levantaron durante la pandemia, en la denominada fase tres, cuando se permitía el funcionamiento de los bares pero con restricciones.

En su escrito al juzgado, la Fiscalía defiende que las actuaciones realizadas hasta ahora apuntan a la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte de Benito Portela, Pilar Taibo y Fernando Fariña al haber quedado constatado que recibieron y firmaron más de treinta denuncias con sello de la Policía Local dirigidos a la Alcaldía por supuestas infracciones en locales que no llegaron a tramitarse.

Portela, en el juicio por las multas: “No hubo voluntad por mi parte de obstaculizar o dilatar la tramitación”

El Juzgado de Instrucción número 3 de Betanzos abre algo más el abanico y considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa o, alternativamente, de un delito de infidelidad en custodia de documentos.

Reacciones al auto

El alcalde, Benito Portela, sostiene que “no hay indicios suficientes para continuar con el proceso” y defiende su “inocencia” y los dos concejales del Gobierno local. El regidor avanza que presentará un recurso contra el auto, que no es firme, y alega, entre otros extremos, que la resolución “no describe cual es la conducta concreta constitutiva de delito” de los tres investigados. Portela llama la atención además sobre el hecho de que Fernando Fariña nunca prestó declaración en esta causa como investigado, sino como testigo.

El regidor mantuvo hasta ahora que “no hubo voluntad, ni activa ni omisiva, en ningún momento, de obstaculizar o dilatar la tramitación de los expedientes” y declaró ante la jueza que “las denuncias fueron enviadas al departamento correspondiente para su tramitación”.

El exjefe de Policía de Sada: “Mi obligación era dar trámite porque había denuncias de vecinos”

El ex jefe de la Policía Local, Juan Carlos Arias, defendió en 2021 que se limitó a cumplir su “deber” al poner en conocimiento de la Fiscalía que no se estaban tramitando las denuncias. Este oficial, personado en la causa como acusación particular, declaró que fue conocedor de esta anomalía a raíz de que algunos hosteleros denunciasen un supuesto trato preferente a locales que incumplían la normativa y continuaban abiertos. Según fuentes de la acusación particular, a raíz de que presentase esta denuncia, fue apartado de la Jefatura de la Policía por el alcalde. Portela afirma que esto es falso y que el oficial presentó la denuncia días después de ser cesado.

La posible apertura de juicio oral contra el alcalde y los tres ediles abriría una crisis en el Gobierno local, formado por siete concejales de Sadamaioría, dado que su código ético establece la obligación de renunciar al cargo en caso de imputación por delitos como el de prevaricación.