El Juzgado ordena a Culleredo pagar 1,2 millones a la empresa que cedió el terreno de Vila Melania

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de A Coruña condena al Ayuntamiento de Culleredo a abonar 1,244 millones de euros a la promotora que cedió Vila Melania y su finca, en virtud de un convenio firmado hace 20 años que el Concello de Culleredo no llegó a cumplir. El acuerdo, suscrito en 2003 entre el Ayuntamiento, que dirigía el exalcalde Julio Sacristán, y Curto Promotores Inmobiliarios, preveía que el Concello entregase a la empresa antes de mayo de 2012 una parcela de suelo urbano consolidado apta para albergar 10.298 metros cuadrados de edificabilidad en un edificio único de uso exclusivo residencial junto a la avenida de Vilaboa. El Gobierno local sostiene que no ha podido cumplirse este extremo porque “el Concello no dispone de la ordenación urbanística, ni del patrimonio municipal, para poder hacer entrega de una parcela en la que el promotor pueda materializar los 10.298 metros cuadrados de edificabilidad incluidos en el convenio”, como dictan el informe del técnico redactor del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Culleredo en tramitación los servicios económicos municipales, afirma.

El Ayuntamiento sostiene que no cuenta con esta bolsa de suelo ni en el proyecto urbanístico aprobado de forma inicial ni en el vigente, que data de 1987. “El convenio no se ha podido ni se puede materializar, tal y como determinan los técnicos municipales”, asegura.

La empresa Landcompany 2020 SL presentó demanda ante el juzgado en la que reclamó 4,728 millones de euros como indemnización por haber incumplido el Ayuntamiento parte del convenio. El Juzgado estima su recurso, contra la desestimación por silencio administrativo contra la inactividad del Concello, y rebaja el importe a 1,244 millones al dictar que procede fijar la indemnización de acuerdo al valor del suelo cedido “y no los derechos edificatorios reconocidos en el convenio”.

El Concello avanza que no presentará recurso a la sentencia. “El Ayuntamiento recibió un suelo en el corazón de Vilaboa con el que pudo recuperar patrimonio histórico y crear espacios públicos esenciales en virtud de un acuerdo, que en lugar de la adquisición contempló la compensación mediante edificabilidad al titular de los terrenos”, afirma.

El Ayuntamiento obtuvo Villa Melania: la parcela número 2 del proyecto de reparcelación de la UA-29, con una superficie de 4.550 metros cuadrados y una edificabilidad de 6.145 metros cuadrados. “Su objeto fue desarrollar zonas verdes y parque público y también recibió una edificación ruinosa para su rehabilitación y uso como equipamiento cultural, el antiguo pazo”, apunta.

El Concello cumplió la parte del convenio que consistía en entregar 8.700 metros cuadrados de edificabilidad que se materializó en la parcela número 1 del proyecto de reparcelación de la UA-29 Pazos de Vilaboa. El acuerdo preveía también la entrega de suelo para una edificabilidad de 10.298 metros. Este es el punto por el que deberá indemnizar.

El Superior rechaza subir de 45.000 a 140.000 la indemnización de Culleredo a unos vecinos

“El Gobierno local, con independencia de que no concuerde con la fórmula de convenios urbanísticos que se empleaba hace 20 años, entiende que es pertinente una compensación económica. Se dispondrá además de más posibilidades de edificabilidad para la futura ordenación urbanística”, manifiesta.

El colegio Ría do Burgo y la ampliación del Consistorio, más condenas

La condena al Ayuntamiento de Culleredo a indemnizar a una promotora por no haber cumplido un convenio de hace 20 años se suma a casos anteriores casi idénticos. El acuerdo que permitió obtener los terrenos para la construcción del colegio Ría do Burgo, firmado en 1999, terminó con una condena del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) al Concello a pagar 1,5 millones a la empresa Epaat en compensación por un terreno que debía haberle entregado, similar al recibido para el centro escolar, en virtud del convenio. También la demora en aprobar el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) y la falta de disponibilidad de terrenos con las características requeridas hicieron inviable cumplir, señaló el Concello, que descartó recurrir el fallo, de 2016.

El incumplimiento de un convenio de 2002 con particulares para ampliar la Casa del Concello terminó, asimismo, en condena, en 2022. Ordenó al Concello a indemnizar a los afectados con 45.792 euros.

La vulneración de otro acuerdo, aunque no firmado por el Concello, sino entre promotores y particulares, dejó a vecinos de Vilaboa sin las tierras y casas cedidas ni los pisos prometidos. El constructor, que anunció recurso, fue condenado a 8 meses de cárcel y a pagar 1.440 euros de multa y los 120.000 euros por denunciante ya dictados en 2011.