Un abogado acepta dos años de prisión por estafar a los secuestradores de un maderero

El primer abogado de los hombres que en el año 2014 secuestraron a un maderero en Aranga ha aceptado dos años de prisión por estafar a sus clientes, de los que recibió pagos sin cumplir su compromiso de defenderlos. El letrado, que ya está en prisión por hechos similares, ha aceptado los hechos en vísperas del juicio que iba a celebrarse en la Audiencia Provincial coruñesa, que se suspendió tras llegar a un acuerdo la Fiscalía y la defensa. El abogado deberá indemnizar además a los denunciantes con 26.600 euros.

El Ministerio Público pedía inicialmente para el procesado tres años de prisión. Con el acuerdo alcanzado, el condenado ha aceptado dos años de cárcel por delito continuado de estafa y por el de deslealtad profesional, el pago de una multa de 720 euros y la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la abogacía por un período de un año y medio.

El acusado deberá, también, indemnizar a los perjudicados con 6.600 euros por las cantidades entregadas en efectivo, así como con 10.000 euros a cada uno de ellos, en concreto dos, por daños morales.

Según relata el Ministerio Fiscal en su escrito de calificación, el acusado, abogado colegiado que ejercía en un despacho en A Coruña, fue contratado en septiembre de 2014 por la víctima para que defendiese a su pareja sentimental y al hijo de este, ambos en prisión provisional.

Tras haber contactado con los dos presos, “les prometió que conseguiría su excarcelación en un plazo aproximado de un mes”, preparando la defensa de ambos una vez fueron puestos en libertad, a la vista del juicio que se celebraría y en la que figuraban como acusados.

El ahora condenado llegó a presentar el escrito de personación con fecha 17 de octubre de 2014. A partir de ese momento, mantuvo conversaciones con los clientes, a quienes les insistía en que conseguiría librarles de la cárcel.

“A pesar de ello, actuando con el afán de enriquecerse y sin intención alguna de cumplir las obligaciones profesionales asumidas”, requirió a la contratante, en concepto de provisión de fondos, dos pagos de 3.000 euros en septiembre y diciembre de 2014, así como de 600 euros, en noviembre, para el pago de procuradores.

La Fiscalía detalla en su escrito que el acusado hizo creer a los clientes que hacía gestiones judiciales, interponía recursos o solicitaba al juez la puesta en libertad, cuando no presentó ningún escrito ante el órgano jurisdiccional competente, lo que determinó que padre e hijo estuvieran presos hasta el momento de la celebración del juicio, los días 10, 11, 12 y 15 de febrero de 2016.

En virtud de la sentencia del 24 de febrero de 2016 de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña, los reos resultaron condenados a las penas de nueve años de prisión como autores de un delito de secuestro y de dos años y seis meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas.