La indefinición de Puente con el puerto coruñés

El Gobierno parece haber elegido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, como su embajador para Galicia. Él fue el encargado de representar al Estado en la toma de posesión de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta el pasado 13 de abril y, el jueves viajó hasta Galicia y anunció una lluvia de millones inesperada para el Corredor Atlántico de mercancías.

El Gobierno avanza 4.561 millones hasta 2030 para el Corredor Atlántico y dejará vigilar a la Xunta

Puente, y por lo tanto el Gobierno, puso números, por primera vez, a las inversiones que necesita el corredor para convertir en competitivo el tren de mercancías gallego. No presentó el plan director en sí, más bien fue un somero bosquejo de lo que podría ser y, además, aportando muy pocos detalles, pero se comprometió a invertir 4.561 millones de euros hasta el año 2030. Tal vez por eso de que debe ser sabedor de que los gallegos estamos un poco cansados de esas promesas que luego rara vez se convierten en realidad y, por supuesto, cuando lo hacen, jamás en los plazos comprometidos, Puente, como prueba de su palabra, anunció que creará un grupo de trabajo con la patronal gallega y la Xunta para hacer conjuntamente un seguimiento de la evolución de las actuaciones y agilizar su ejecución.

El Corredor Atlántico es más que la conexión ferroviaria por toda la cornisa oeste de la UE, pues también incluye carreteras y puertos y hasta navegación de cabotaje, pero el tren es la gran apuesta por ser un “pilar de la movilidad sostenible”, por lo que se llevará 3.355 millones de euros en los próximos seis años solo en su desarrollo en Galicia.

Ministro sin preguntas ni respuestas

Pero la presencia del ministro en A Coruña también sirvió para constatar que si el Atlántico todavía tiene que recorrer un largo trecho para ser equiparable al Mediterráneo en cuanto a corredores, del mismo modo, A Coruña no es y, por lo escuchado, nunca será como otros lugares donde se condonaron deudas portuarias.

Para A Coruña, el Gobierno ha encontrado un modo menos oneroso, sobre todo para sus arcas, de intentar ayudar a la Autoridad Portuaria a afrontar el pago de los de 286 millones que tendrá que desembolsar hasta el 2051 y de los que tendrá que abonar 135 en los próximos siete años. Para A Coruña que el Ejecutivo estudia “reestructurar la deuda”. Una fórmula vaga que no aclara nada. Como tampoco sirvieron sus explicaciones para arrojar luz sobre el futuro de los terrenos liberados. Según sus palabras, habrá que trazar un plan que contemple la convivencia entre “sendas peatonales, zonas deportivas y verdes” con edificación y hostelería, con el objetivo, reconoció, de “devolverle un poco a la ciudad lo que no disfruta”. Óscar Puente manifestó que el Gobierno busca un “uso consensuado” de las 80 hectáreas liberadas, a través de un “instrumento jurídico integrador de las tres administraciones” que garantice el éxito de la reordenación del borde litoral, lo que no cierra la puerta a la constitución de un consorcio gestor, tal y como demandan algunas voces y como se hizo en otros lugares.

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Por último, adelantó que el Gobierno trabaja en un convenio, junto a la Xunta y el Concello, para trasladar la industria portuaria interior al puerto exterior, “que ya mueve el 60% de la actividad portuaria”, y que creció, señaló, “un 400% en los últimos dos años”.

Esperemos que en la reunión del próximo miércoles, los representantes del Gobierno salgan de esa zona de indefinición en la que el ministro Óscar Puente se movió en todo lo referente al futuro del puerto de A Coruña y expliquen cuál es la solución que el Estado tiene para la fachada marítima de la ciudad.