Sobre la justicia y sus problemas

Hay servicios que preferimos no tener que utilizar: los sanitarios, los funerarios y los de seguridad ciudadana entran en esa categoría; también los de justicia. Pero todos queremos que, cuando los necesitamos, se nos atienda bien y rápido.

En el ámbito económico, la seguridad jurídica y la confianza que genera un marco legislativo bien diseñado y aplicado son un activo de extraordinaria importancia. Por eso también tenemos que hablar sobre la justicia; pero no solo sobre los problemas que tenemos para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Sin quitarle importancia, el sistema es muchísimo más que eso.

Sintetizando al máximo: España está en una situación equiparable en inversión y rendimiento a los países con los que compartimos tradición jurídica; y Galicia está ligeramente mejor que la media de las comunidades autónomas.

Pero esa evaluación no catastrofista es compatible con mantener un espíritu crítico y ambicioso. Tenemos que optimizar recursos, entendiendo que la justicia no es un servicio al que haya que acceder diariamente como las escuelas. Por eso, la descentralización óptima no puede ser a escala municipal. Debe parecerse más a la de la atención sanitaria no primaria: siete referencias. Hay que detectar dónde, geográfica y jurisdiccionalmente, se acumulan los asuntos sin resolver e implementar soluciones ad hoc.

Es urgente coordinar los sistemas informáticos autonómicos para garantizar la inter-operabilidad de los sistemas regionales. La descentralización posibilita una mejor adaptación a las particularidades de los territorios. Pero sin coordinación puede conducir a situaciones ineficientes. Sería un despropósito intensificar las necesarias inversiones en digitalización y herramientas tecnológicas y olvidarnos de esto.

Hay que prepararse para la oleada de jubilaciones que afecta a toda la función pública, también a la justicia. Lo que nos está pasando con los médicos de atención primaria debería entenderse como un aviso de lo que nos puede ocurrir también con los jueces.

Finalmente, tenemos que hacer un gran esfuerzo por aumentar la seguridad jurídica a través de diversos caminos. De forma no exhaustiva, hay que referirse a la proliferación de normas autonómicas que un análisis coste-beneficio mostraría que no tienen sentido, por el escaso valor añadido que aportan; al reforzamiento y priorización de los mecanismos extrajudiciales para la resolución de conflictos; o al esfuerzo por converger en sentencias y jurisprudencia: si los individuos, las empresas y las administraciones públicas tienen claro el resultado más probable de sus actuaciones (u omisiones) es más fácil que acaben anticipando en su comportamiento el respeto a las normas o la renuncia a las reclamaciones.