Temor en FP y campus de que la cotización de alumnos en prácticas disuada a empresas

Cada año, alrededor de 36.000 jóvenes gallegos —20.000 en FP y 16.000 en los campus— hacen prácticas en empresas que les permiten, como explica el Ministerio de Educación respecto a FP y su módulo obligatorio de formación en centros de trabajo, ejercitarse en un entorno real, completar la adquisición de las competencias profesionales de la titulación que estudian y que se valore su desempeño en situaciones de trabajo. En la universidad se consideran también claves para la inserción. Pero esas prácticas podrían estar en riesgo por una normativa estatal.

A partir del 1 de enero de 2024, el alumnado que realice prácticas formativas deberá ser incluido en la Seguridad Social. Sin embargo, lo que a priori las instituciones educativas y las autoridades ven con buenos ojos como “avance social”, por pretender mejorar las condiciones en las que se realizan las prácticas y evitar malas praxis, posee una potencial cara B. Fuentes del sector temen que en una comunidad como Galicia, con un tejido productivo donde imperan las pymes, la nueva regulación tenga un efecto disuasorio derivado de la burocracia que conlleva y de sus costes y los plazos ajustados tampoco se lo pondrá fácil a los centros.

Las universidades gallegas ven en la nueva obligación que se avecina “un gran problema”, como advierte la vicerreitora de Estudantes de la UDC, María José Lombardía, mientras Nicolás Espasandín, que dirige el CIFP Politécnico de Santiago, pone el foco en los trámites y en el breve tiempo del que disponen, y añade: “Corremos el riesgo de asustar a las empresas”.

La Xunta ha trasladado recientemente a dos ministerios, el de Educación y el de Inclusión y Seguridad Social, sendas misivas en la que advierte de que la burocracia puede desincentivar a las empresas de “colaborar” en la formación de futuros titulados. La Consellería de Educación había alertado en mayo de lo mismo, cuando pidió, como ahora, reformular la norma o que se aplace la medida un año para facilitar su implantación y que el Estado bonifique el 100% de cotizaciones a estudiantes y firmas y no el 95%.

La FP inicia el curso en Galicia con unas 3.000 vacantes en la modalidad ordinaria

Sus demandas no han tenido respuesta. Desde el departamento que dirige en funciones Pilar Alegría alegan que la decisión le compete a Inclusión. El que se negocie en el ámbito laboral y no en el educativo es una de las críticas de Xunta y centros. Como alega la vicerreitora de la UDC, las prácticas curriculares son una actividad “exclusivamente académica y de carácter formativo que resulta clave para la inserción” de los futuros titulados y de ahí que cualquier “mejora” deba orientarse al ámbito de formación, no al laboral.

La Xunta añade que tras las negociaciones, la patronal no apoya la medida. Sin su colaboración, opina, “difícilmente será factible” que los alumnos de FP y de la universidad hagan prácticas y así se “pondrá en riesgo” que obtengan el título.

Samuel Bentolila, profesor de Economía: "En Alemania cuando admiten a tu hija en un centro de FP descorchas champán"

Los principales aspectos que cuestionan centros educativos y autoridades son plazos, carga de trabajo y asunción de la cotización a la Seguridad Social. Para la Xunta, la gestión de altas y bajas exigirá un “esfuerzo añadido” a las empresas y “muy probablemente”, avisa, “derivará en un efecto disuasorio” a la hora de colaborar en la formación, un aspecto que también menciona Nicolás Espasandín. “En Galicia la FP se ha ganado la confianza de las empresas y hay muy buena colaboración y sintonía, pero se busca que los procesos que las implican sean lo más sencillos posible”. Avisa contra “complicar” el proceso y añade que si las empresas deben gestionar las altas, a “muchas” que trabajan con gestoría “les implicará un gasto más allá de la cotización y más carga burocrática”. Defiende también bonificar al 100% la cotización. “Cualquier incremento de gasto en una empresa supone un problema”, incide, y recuerda que colaboran de forma “altruista” con el sistema educativo en la formación.

Espasandín reconoce, que “todo depende de cómo se haga”. Que el alumnado de prácticas se incluya en el régimen general de la Seguridad Social es “positivo”, sostiene, pero se pregunta asimismo cómo se inscribirá casi “de un día para otro” el volumen de personas que maneja FP, por ejemplo, los en torno a 300-400 jóvenes cada año en su centro, en la Seguridad Social, cuando ahora se tarda unas dos semanas en dar de alta al alumnado de Dual y son “pocos”. “No disponemos de margen temporal”, avisa, entre el período de notas y la fecha de inicio de las prácticas, y tampoco se sabe, apunta, quién asumirá el “problema” derivado de la carga de trabajo.

En lo que a los campus respecta, la obligación “supone un gran problema”, sostiene la vicerreitora, ya que deben “gestionar un elevado número de prácticas para garantizar la formación del estudiantado”. “Esto va a suponer”, asegura, “un sobrecoste de recursos humanos” para gestionar las altas y bajas en la Seguridad Social y para controlar los días de prácticas “y un sobrecoste económico”, con la asignación de un presupuesto para la cotización.

El ‘plan renove’ de los siete campus gallegos: 100 millones para obras y reformas

Las universidades trabajan “contra reloj” y creen que se verán “abocadas” a asumir la cotización

Las universidades trabajan “contra reloj” para que sus estudiantes puedan realizar las prácticas curriculares “como parte de su formación académica cumpliendo el plazo previsto”. “En este momento”, explica la vicerreitora de Estudantes de la UDC, María José Lombardía, “las universidades estamos trabajando contra reloj en implementar herramientas de gestión relativas a esta nueva obligación, tratando de coordinarnos y estableciendo criterios que nos puedan llevar a cumplir con la fecha establecida por el Ministerio de entrada en vigor, el 1 de enero de 2024”.

Galicia se queda sin representación entre las 500 mejores universidades del mundo

Los campus asumen un “gran problema” que les supondrá costes económicos extra. Y eso es, explica Lombardía, porque, pese a que la normativa establece que la obligación de la cotización recae en la empresa o institución receptora del estudiante, las universidades se están “viendo abocadas a asumir la cotización de prácticas curriculares” para “garantizar” que sus estudiantes “puedan graduarse”. En las entidades públicas, donde se realizan casi la mitad de las prácticas, “están solicitando la firma de addendas que incluyan una cláusula especificando que la universidad es responsable de la gestión y el gasto correspondiente” y se temen que “las empresas privadas se sumen a esta solicitud”, en la medida, avisa, en que “colaboran con la universidad al brindar oportunidades de prácticas” a sus estudiantes.

Suscríbete para seguir leyendo