Falta de interés público, desviación de poder, fraude de ley y ausencia de justificación económica. Son los argumentos de la Autoridad Portuaria para oponerse a la modificación del Plan General de Ordenación Municipal promovida por el Ayuntamiento para que la parcela de La Solana recupere su calificación de suelo de titularidad pública, que el anterior Gobierno local, del Partido Popular, le retiró para calificarla como privadaPartido Popular. El Puerto, propietario del terreno, formuló estas alegaciones ante la Consellería de Medio Ambiente con el objetivo final de parar una modificación urbanística que, a su juicio, obedece exclusivamente al interés del Ayuntamiento de "amparar una expropiación que le permita obtener la titularidad" de la parcela de La Solana.
La Autoridad Portuaria presentó sus alegaciones el 28 de agosto. En aquel momento, mantenía paralizada la subasta que había convocado para vender el terreno al mejor postor después de rechazar que el Concello la adquiriese por el valor de tasación, 1,38 millones de euros. El Puerto estaba a la espera de una reunión entre Puertos del Estado y el Ayuntamiento, sobre la fachada marítima.
Mes y medio después, por sorpresa y sin contar con el Ayuntamiento, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el de Puertos del Estado, José Llorca, anunciaron en A Coruña un acuerdoAlberto Núñez FeijóoJosé Llorca, sin plasmar por escrito a día de hoy, para renunciar a la venta de La Solana y los muelles de Batería y Calvo Sotelo, mantenerlos en manos del Puerto y vetar la compra municipal del complejo de piscinas.
La Autoridad Portuaria no participó públicamente de un pacto que asume porque lo acordaron la administración que nombra a su presidente -la Xunta- y aquella a la que se debe jerárquicamente -Puertos del Estado-. Quince días después, se celebró la reunión del Ayuntamiento con Puertos, que acabó sin acuerdo.
El Ayuntamiento justificó el inicio de la modificación del plan general por el mandato unánime del pleno en enero, también con los votos del Partido Popular, para que la parcela de La Solana sea de titularidad pública. También por la "política municipal de garantizar la titularidad pública de espacios libres y equipamientos".
La tramitación del cambio urbanístico arrancó en febrero, cuando el Concello aún no tenía garantías de que la Autoridad Portuaria pondría freno a la subasta de La Solana. Con él persigue evitar la venta de la parcela en subasta y prevé que el Concello la expropie por los 1,38 millones de euros en que la tasó el Puerto para la puja. La Autoridad Portuaria es propietaria de la parcela, que se explota en concesión hasta 2027, aunque su actual gestor defiende que el contrato expirará en realidad en 2067.
El Puerto ha alegado ante la Xunta en el trámite de evaluación ambiental que la modificación del plan "responde a un interés particular concreto, a un interés político que no persigue modificar el destino y uso urbanístico de unos terrenos, sino que persigue únicamente forzar su cambio de titularidad sin seguir los cauces habilitados para ello (subasta pública de bienes) en claro fraude de ley y desviación de poder".
"La desviación de poder resulta evidente cuando el Ayuntamiento utiliza sus competencias urbanísticas para un fin distinto al previsto y para amparar una expropiación posterior que le permita obtener la titularidad de una propiedad al margen del procedimiento legalmente establecido o bien las utiliza para forzar a otra administración pública a aceptar una determinada oferta de compra en detrimento de su propio patrimonio". Al mismo argumento para considerar un "fraude de ley" la propuesta municipal, por lo que reclama a Medio Ambiente que sea declarada "nula".
El informe económico que acompaña a la modificación del planeamiento, según el Puerto, "carece de la más mínima justificación o motivación". A su juicio, que el Ayuntamiento tase la parcela con el informe que encargó el Puerto para la subasta no tiene validez porque ese cálculo se adoptó para fijar un precio de salida en una subasta, no para una expropiación forzosa, "que será la norma de aplicación en su momento".
La Consellería de Medio Ambiente no entra a analizar la idoneidad de las alegaciones del Puerto porque, en esta fase de tramitación del cambio urbanístico, se limita a determinar si ésta debe ser sometida o no a la evaluación ambiental estratégica. El departamento autonómico concluye que no es necesaria esta evaluación porque "no se producirán efectos significativos" sobre el medio ambiente con este proyecto municipal.
La Consellería incorpora a esta resolución, que hizo pública ayer a través del Diario Oficial de Galicia, indicaciones de varios departamentos que se pronunciaron durante el periodo de consultas. Entre ellos, la Dirección Xeral de Ordenación do Territorio, que demanda al Concello que detalle sus planes. En concreto, advierte de que debe prever la obtención del suelo una vez que este sea público según las modalidades que permite la Lei do Solo: expropiación forzosa, convenio con el propietario -el Puerto- o permuta forzosa con terrenos del patrimonio público municipal del suelo.
También demanda una "evaluación del coste de ejecución" de los sistemas generales y de las actuaciones previstas, además de definir si la iniciativa tendrá financiación pública o privada. Esto requiere, por tanto, que "revise" también tanto la calificación del suelo como la estrategia de actuación y el estudio económico del plan general. El departamento autonómico detectó un error en la suma de las superficies del ámbito que se quiere transformar, percibiendo que se extiende "a terrenos en los que se sitúa el hotel Finisterre, cuestiones que deben justificarse o subsanarse".
Se abre ahora una nueva fase de tramitación del plan, que deberá ser sometido a votación en el pleno municipal y en la que se podrán presentar alegaciones. El visto bueno definitivo corresponde a la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
