El Concello de Oleiros, en un comunicado enviado ayer, subraya el hecho de que el matrimonio de jueces que reside en el municipio haya reconocido en un escrito que cometieron una infracción urbanística. Ahora señala además que ejecutaron obras en su finca en San Pedro de Nós sin que "solicitaran licencias pertinentes" y por lo tanto la actuación fue "ilegal".
El alcalde declaró la pasada semana que la jueza de lo penal, que mantiene abierta la causa contra él por supuesta negociación prohibida para funcionarios, y su marido que también mantuvo causas contra él, mantiene animadversión contra él. Ahora insiste en que los dos tuvieron que comprar una finca anexa a la suya para proceder a un expediente de agregación y también tuvieron que demoler una edificación auxiliar en el terreno comprado. Los magistrados, en otro comunicado remitido el pasado miércoles, destacaron que la situación se legalizó tras el expediente de reposición de la legalidad y sin sanción del Concello. Señalaron que sólo se les abrió expediente por la cubrición de una terraza y "no por aumento de vivienda". La Administración local resalta que para las obras que ejecutaron su finca "tenía agotado el volumen de construcción" y por eso tuvieron que comprar más terreno.
El Concello advierte de que en Oleiros si una obra ejecutada es legalizable "no se acostumbra a sancionar" aunque eso no quiere decir que no exista infracción "y menos en este caso en el que se trata de dos personas que tienen que defender las leyes y las normas y velar por su cumplimiento".
El Ayuntamiento añade que los dos jueces tuvieron que realizar dos trámites para "proceder a la legalización de la obra" y les supuso un gasto de 16.480 euros sumando los terrenos que tuvieron que comprar y las tasas que tuvieron que abonar "por los expedientes abiertos para legalizar la obra ilegal", y sin contar "los proyectos de reparcelamiento, agrupación y legalización de obras en la vivienda".
En el comunicado se subraya que las obras realizadas "ilegalmente" comenzaron "un año después de la apertura del expediente de instrucción". Recuerda que dicho expediente de instrucción por supuestas irregularidades en compra ventas de Ángel García Seoane se abrió en 2006 y que la infracción urbanística de los magistrados se realizó en 2007.
Respecto a que el alcalde no intervino en la tramitación y resolución del expediente, en el comunicado municipal se señala que éste "tenía delegadas las competencias urbanísticas" y además "no tiene por norma perseguir a ningún ciudadano pero sí velar por el cumplimiento de la legalidad".
El Partido Popular de Oleiros, en un comunicado enviado ayer, afirma que García Seoane "debería dar una explicación a los vecinos sobre el supuesto delito urbanístico del que se le acusa".
El PP señala que el auto de la jueza reconoce que el regidor compró ocho fincas e hizo una actividad de compra venta "claramente incompatible" con el cargo que desempeñó en aquellos años, unas veces alcalde y otras asesor de Urbanismo.
