"Creo que este asunto debe tratarse como un asunto de Estado y crear un frente común"

-En el informe aportamos varios indicios, desde documentos gráficos depositados en la Diputación, a comunicaciones formales de la donación en medios de comunicación o en comisiones. Otra prueba reveladora es el contenido de la escritura pública que se formaliza en 1941, en la que se acredita que el dinero no se entrega en el momento en que se formaliza, es decir, que el notario nunca vio el dinero. Y hay una cláusula en la que se establece también el compromiso de las partes de no recurrir la firmeza de la venta, una renuncia al ejercicio de acciones que no deja de ser curioso. Parece claro que se trató es de evitar una donación al jefe del Estado y transformarla en un negocio jurídico más sólido, una venta entre un propietario que en aquel momento ya no lo era y un comprador ya era poseedor del bien.

-Es curioso que se apele ahora a una compra del pazo por parte del dictador cuando hasta entidades como la Fundación Francisco Franco han defendido que se trató de una donación...

-Sí, es sorprendente que hayan asumido ese hecho a pesar de que da la sensación es que se borró toda huella formal de la eventual donación, que no consta en ningún registro. Ni tan siquiera consta un acta notarial de la eventual compra inicial de los donantes del pazo.

-¿Teme que esa falta de documentación juegue ahora a favor de los Franco?

-Hay que poner buena voluntad por parte de los colaboradores jurídicos y entender que esto es lo que ocurrió. Si nos atenemos a los elementos puramente formales es cierto que no hay constancia fehaciente, pero sí hay muchos hechos concluyentes. Aportamos un informe que un teniente dirige a la Falange en 1939 informando de las actuaciones que se realizaron y en el que da cuenta de un viaje por parte de Álvarez de Sotomayor (que después presidió la junta pro pazo) para comprar el pazo por 400.000 pesetas. Hay que pensar que estamos en el año 1938, en un contexto bélico, y es obvio que si la intención del jefe de estado era formalizar a través de una escritura pública la compraventa lo primero que habrían hecho es borrar cualquier antecedente que pudiese poner en entredicho eso.

-Proponen acudir a los tribunales para anular el título de propiedad. ¿Cómo debe plantearse esa acción de nulidad para que el pazo se incorpore al patrimonio público?

-Lo primero es destruir la veracidad del título de propiedad. Es importante que la reclamación de la anulación vaya unida al reconocimiento del pazo como un bien público imprescriptible. De lo contrario, sería una operación perniciosa y negativa. Si solo se cuestiona el negocio jurídico y lo que acabamos acreditando es que debe volver a su propietario original, no habríamos logrado nada, solo cambiar el título de la compraventa por el título de la usucapión, pero los Franco seguirían siendo los propietarios.

-Llama la atención la ausencia de una estrategia coordinada entre administraciones. ¿Entiende que existan dos comisiones de investigación, una de la Junta Pro Devolución y otra de la Xunta?

-Yo comparto lo que manifestó la vicepresidenta de la Diputación, Goretti Sanmartín, creo que esto debe tratarse como un asunto de Estado y crear un frente común. Mañana [por hoy] lo que presentaremos es un primer informe, un avance que establezca la estrategia, pero estamos abiertos a aportaciones y sugerencias. En derecho nada es blanco ni negro, todo es gris y tiene muchos matices. Siempre verán más ocho ojos que cuatro y creo que sería muy importante hacer un esfuerzo común, también por parte de la Administración del Estado.