El arquitecto Carlos Trabazo Molins realizó en 2012 un informe por el que el Ayuntamiento de A Coruña le pagó 20.827 euros en el que concluía que era imposible ejecutar la sentencia que ordena devolver el edificio Conde de Fenosa a su estado original porque podría caerse si se realizan obras en él para eliminar los elementos ilegales porque la estructura está "al final de su vida útil". Así lo declaró en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) este arquitecto al que ahora el Gobierno local ha vuelto a contratar (la licitación fue por 72.600 euros) arquitecto con el fin de que realice el proyecto para ejecutar la sentencia y realizar las obras necesarias para legalizar el inmueble. Es decir, el técnico que dijo que era imposible la demolición parcial porque se caería el conde de Fenosa, ahora deberá elaborar el plan para ejecutar dicha demolición parcial.
El Ejecutivo municipal considera que nadie como una persona que trabajó para Martinsa-Fadesa de 2004 a 2008, que es el caso de Carlos TrabazoFadesaCarlos Trabazo, para conocer mejor que nadie cómo realizar el proyecto para legalizar unas obras que esta promotora realizó de forma ilegal y cuya licencia anuló el Tribunal Superior. Es más, la propia Fadesa contrató también en febrero de 2012 a Trabazo Molins, como representante del estudio Acadar, para que, a petición del Concello, elaborase un proyecto sobre la viabilidad técnica de la demolición de las obras de rehabilitación realizadas al amparo de la licencia anulada, sin proceder a su total demolición.
El concejal de Urbanismo, Martín Fernández Prado, confirmó en el pleno de ayer que el Ayuntamiento adjudicó a Trabazo el pasado 24 de febrero la redacción del proyecto técnico de legalización y ejecución de las obras de demolición necesarias para ejecutar la sentencia del edificio Fenosa por ser la oferta más ventajosa presentada.
El Ayuntamiento realizó una contratación por el procedimiento negociado, invitado a tres profesionales: Carlos Trabazo, que ofertó 66.550 euros y un plazo de entrega del trabajo de 125 días (poco más de cuatro meses); Joaquín San Juan Martín, que renunció a participar en la licitación (también formó parte de la plantilla de Fadesa); y Jaime Martínez Molina (responsable del proyecto del Marineda City), que ofertó 71.383,95 euros y un plazo de entrega de 145 días.
La oferta más ventajosa, por lo tanto, fue la de Trabazo, que tiene algo más de cuatro meses, hasta junio, para presentar un documento que no es gusto de nadie: cómo ejecutar la sentencia y demoler parcialmente el edificio Fenosa, una patata caliente que no le tocará tragar al actual Gobierno local, sino al que surja de las elecciones municipales que se celebrarán en mayo.
Carlos Trabazo aseguró en su testimonio ante el Superior en 2012, en una ronda en la que testificaron otros técnicos del Concello y de la parte del denunciante del edificio Fenosa, que el inmueble solo tiene el 66% de los forjados y el 33% de los pilares de la construcción original.
Trabazo fue hasta hace un año administrador de Acadar, Arquitectura e Ingeniería SL, donde también es socio MC Valnera, sociedad que pertenece a Macario Fernández Alonso, el expresidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña.
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en relación a las licencias de legalización, ha establecido en numerosas sentencias que una edificación realizada al amparo de una licencia que es anulada por sentencia firme es una edificación sin licencia y por lo tanto debe ser demolida si no obtiene una nueva.
Existe, no obstante, la posibilidad de legalizar lo construido mediante una nueva licencia, posibilidad que prevén los tribunales, en caso de producirse un cambio en el planeamiento urbanístico que permita construir lo que antes no era posible; o bien porque se subsanen los defectos en el edificio que dieron lugar a la anulación.
Los magistrados señalan, no obstante, que esa licencia de legalización tiene que concederse de acuerdo con la normativa en vigor cuando se solicita", es decir, que debe cumplir la legislación sobre dimensiones y habitabilidad. El arquitecto contratado por el Gobierno por tercera vez (la de 2012, la de noviembre de 2014 cuyo resultado aún se desconoce y la de ahora de febrero), tendrá que explicar lo que se construyó realmente en el edificio, valorar si se ajusta al plan general actual de 2013 y qué normativa al respecto está vigente también.
Después el Concello otorgará licencia, previa emisión de informes técnicos y jurídicos y luego presentará junto a la promotora y los vecinos afectados el incidente de inejecución de sentencia por imposibilidad legal ante el Superior y éste resolverá, tras oír al denunciante.
