Tras más de dos años de espera, el juicio contra los tres policías filipinos que mataron al joven coruñés Diego Bello se acerca. La Fiscalía filipina ha emitido un informe en el que considera que hay una “sospecha bien fundada” de que cometieron delitos de asesinato y manipulación de pruebas, si bien rechaza acusarlos de perjurio, como pedía un órgano de instrucción del país, el National Bureau of Investigation (NBI). Ahora, solo resta que el juez apruebe abrir el caso para iniciar el juicio.
El abogado que lleva el caso desde A Coruña, Guillermo Mosquera, ha señalado a este diario que, aunque la Fiscalía deriva el caso al juzgado de la isla de Siargao, donde se cometió la muerte, pedirán que se juzgue en Manila, la capital. “Es una isla pequeña, las personas que en teoría están imputadas son conocidas y no sabemos las presiones que puede llegar a haber”, indica.
Al igual que en España, la Justicia filipina establece una diferencia entre el homicidio y el asesinato, que es una muerte buscada por el atacante en determinadas circunstancias agravantes. En el caso de la muerte de Bello, la Fiscalía cree que concurrieron dos: premeditación y abuso de fuerza superior.
Para llegar a esta conclusión, la Fiscalía examina la versión de los tres policías encausados, pero también las pruebas que aportó el NBI en su investigación independiente. La versión policial, de la que los agentes se reafirmaron ante el NBI, es que acudieron la noche del 8 de enero de 2020 a la casa que poseía Bello en Filipinas, donde residía y tenía negocios, ante sospechas de que traficaba con droga.
Tras un supuesto intercambio de cocaína con un agente de paisano, intentaron a detenerlo y lo instaron a rendirse, pero, según ellos, Bello sacó un arma y empezó un tiroteo. Así, aunque admitían haberlo matado, habría sido en “defensa propia” y no habrían cometido ningún delito.
La Fiscalía desmonta este argumento. Recupera la investigación del NBI, que señala que las pruebas balísticas y los testigos no respaldan la teoría del intercambio de droga, ni que hubiese un tiroteo. Ni siquiera que Bello tuviese una pistola, aunque los agentes aportaron una supuestamente hallada en el lugar de los hechos. En cambio, para los fiscales del país asiático, las pruebas apuntan a que los agentes “planearon deliberadamente y prepararon la muerte” de Bello.
Junto con otros policías, se “situaron estratégicamente” en una zona en la que el joven coruñés “no podía verlos”. Además, “le dispararon muchas veces en vez de arrestarlo pacíficamente”, actos que “manifiestan la voluntad de los acusados de matar” a su víctima.
Además, considera que actuaron con abuso de fuerza superior, que en la legislación filipina se produce cuando hay una “desigualdad notoria de fuerzas” que se emplean desproporcionadamente. En el caso de los policías, la Fiscalía cree que esta desproporción queda en evidencia porque no trataron de detenerlo “pacíficamente”, sino que lo acribillaron mientras “estaba desarmado”.
Y había alternativas. El agente que supuestamente le compró droga podría haber utilizado su “entrenamiento y habilidades” para detenerlo, realizar un disparo al aire o incluso abrir fuego en solitario contra Bello. En cambio, los encausados lo acribillaron junto con otros agentes causándole seis heridas de bala, de las que “la mayoría, si no todas, eran letales”, algo que el órgano fiscal considera “excesivo”.
En cuanto a la alegación de legítima defensa, la Fiscalía existe en que es muy “dudosa” y que la investigación apunta a que no hubo intercambio de disparos. Los investigados, indica la Fiscalía “han sido incapaces de presentar testigos ni pruebas que respalden su “mera declaración” de que hubo un tiroteo. Y la cantidad de heridas a punta a un “innegable intención” de matar.
Conspiración para el asesinato
Todas estas circunstancias, considera la Fiscalía, apuntan a que los tres agentes participaron en una “conspiración” previa para cometer el crimen, y luego acordaron negar los hechos a través de sus versiones, coincidentes entre sí, llegando a manipular pruebas.
Así, los agentes afirman que no dejaron una pistola junto al cuerpo de Diego Bello, pero los fiscales “no estamos convencidos”. El NBI, dicen los fiscales, “ha establecido de forma suficiente que los investigados colocaron el arma” para fingir que Bello la empuñó. Esto bastaría para acusarlos de manipular pruebas, el segundo crimen que se les achaca, si bien la Fiscalía no entra a acusarlos también de mover casquillos del tiroteo o situar droga en el lugar del crimen para acusar a Bello.
El NBI también los acusaba de perjurio, por haber emitido falsedades en sus declaraciones. Pero la Fiscalía considera que no hay pruebas suficientes. La argumentación es que, para que este crimen se cometa en la legislación filipina, el acusado debe defender una mentira bajo juramento o en una declaración de manera “voluntaria y deliberada”.
El NBI acusaba a los agentes de perjurio debido a que en su declaraciones había “inconsistencias”. Pero la Corte Suprema del país asiático ha señalado que no basta con que la declaración parezca ser falsa o haya contradicciones para determinar que se haya cometido perjurio, si no se prueba que esto se ha hecho de manera intencional, por lo que considera que no hay bases fundadas para acusarlos de este delito.
Este informe de la Fiscalía, fechado el 9 de febrero de este año, responde a una denuncia presentada por el Gobierno de España (a través del cónsul general de Filipinas) y los padres del fallecido. La familia tiene en marcha una campaña de recaudar fondos para financiar la acción judicial en Filipinas.
