A poco más de un año de que expire la prórroga del contrato que el Concello mantiene con la empresa Servigal para la gestión del centro de acogida de animales municipal, la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, aseguró en el pleno celebrado esta semana, que el centro está “desbordado” y con unas instalaciones “obsoletas” para las necesidades actuales.
El incremento de las incautaciones, sobre todo de perros de razas potencialmente peligrosas, que no pueden compartir espacio con otros, es una de las causas de que las instalaciones dedicadas a la acogida de animales se encuentren al límite de su capacidad, también su porcentaje de adopción es más escaso, ya que las personas que se acercan a las instalaciones municipales para darles un hogar a los animales que han sido rescatados no suelen inclinarse por los ejemplares de estas razas potencialmente peligrosas, por lo que su estancia en el recinto municipal se alarga en el tiempo.
Según explicó el jueves la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, en la sesión plenaria, en respuesta a la moción presentada por la concejala no adscrita y militante de Podemos, Isabel Faraldo, cuatro de cada diez perros que están en el centro de acogida municipal pertenecen a estas razas designadas como potencialmente peligrosas.
La presencia de estos perros en la ciudad sigue siendo importante, ya que, según declaró Fontán, cada semana firmaba nuevas licencias para incorporar a este tipo de perros al censo.
La moción, que incluye una enmienda del PP, fue aprobada por unanimidad en el Pleno. En el texto, la Corporación insta al Gobierno local a “realizar un estudio de evaluación sobre modelos de gestión de la perrera municipal, incluida la gestión pública, con el objetivo de determinar el futuro del servicio municipal para los próximos años”.
No es la primera vez que se intenta que la gestión de la perrera pase a manos municipales y que deje ser gestionada por una empresa privada —Servigal, desde que en octubre de 2006 firmó el contrato de adjudicación por un plazo de quince años con derecho a prórroga otros dos ejercicios más—. Lo intentó la asociación animalista Libera!, que reunió 43.000 firmas para este fin, pero ya en enero de 2020, la concejala de Medio Ambiente anunció que el Concello renunciaba a la gestión directa del servicio.
Desde la adjudicación del contrato se produjo un cambio importante en este sector, ya que se aprobó la ley autonómica de bienestar animal, que prohíbe el sacrificio de ejemplares rescatados y obliga a esterilizarlos antes de darlos en adopción. Esto obligó al Concello a sacar a concurso una residencia auxiliar de animales a finales del año pasado, después de haber pagado durante varios meses directamente al centro Montegatto, de Oza-Cesuras. La moción aprobada por unanimidad esta semana iba más allá de estudiar los modelos de gestión de la perrera, ya que instaba también al Gobierno local a reformar las instalaciones actuales, que se encuentran en la zona de Bens o a crear un nuevo centro municipal de acogida para dar respuesta a las necesidades actuales de bienestar animal de la ciudad. Estas instalaciones cuentan con el refuerzo de Montegatto hasta que se resuelva el concurso abierto a principios de año y que todavía está en estudio. La licitación contaba con dos lotes, uno para esterilización de los animales y otro para el servicio de lacería, perrera y cremación.
Solicitaba también al Gobierno local que pusiese en marcha campañas de concienciación y sensibilización para la tenencia responsable de animales, así como que promoviese la adopción y la acogida temporal de animales domésticos abandonados.
La enmienda del PP incluía también otros aspectos que fueron aceptados para que formasen parte de la redacción final de la moción, como que el Concello aumente los espacios en los que los perros puedan pasear en libertad y también que habilite tanto playas como zonas verdes para el uso compartido de mascotas y usuarios.
A pesar de no estar relacionada directamente con el centro de acogida de animales abandonados, la moción instaba también al Gobierno local a aplicar un modelo de colonias felinas controladas que garantice “su protección, bienestar y el control de su población”.
