El Ayuntamiento de A Coruña prevé que Nostián triplique el tope legal de residuos a vertedero en 2040

La normativa española establece que, a partir de 2035, tan solo un 10% de la basura que se produce en un municipio podrá acabar en un vertedero. Pero el informe de viabilidad para la futura concesión de la planta de tratamiento de residuos municipal de Nostián, que propone firmar un contrato a 17 años, prevé que al final de este periodo el porcentaje de rechazos enviados al basurero se encuentre en el 30,3%, un total de 46.506 toneladas en relación a las cerca de 150.178 que se calcula que se procesarán. Según señaló el Concello el año pasado, los rechazos oscilan actualmente en torno al 50%, y para el primer año de la nueva concesión se asume la cifra del 54%.

El conflicto laboral regresa a la planta de Nostián con el inicio de una huelga “dura”

El nuevo contrato todavía está en trámites y el Gobierno local promete sacar el concurso durante este mandato, esto es, antes del 28 de mayo de 2023, cuando se realizan elecciones municipales. Pero incluso suponiendo que el nuevo contratista empezase a trabajar en enero de 2024, Nostián incumpliría otros objetivos previstos por la normativa.

El Real Decreto 646/2020, que determina la normativa de residuos, establece que en 2030 el porcentaje de rechazos fuese como mucho del 20%, y siguiendo las proyecciones del informe de viabilidad la cifra oscilaría en torno al 31% del total. Para 2025 la cantidad debe ser de menos del 40%, mientras que las estimaciones del informe de viabilidad (calculadas por este diario a partir de los datos de toneladas procesadas, ya que los porcentajes que se incluyen en el texto contienen errores) sitúan la cifra en casi el 55%.

El Consorcio estudiará alternativas para evitar que la huelga en Nostián “afecte a la ciudadanía”

En cualquier caso, los objetivos de reciclaje ya se incumplen, pues la concesionaria, Albada, ya debería estar actualmente enviando al vertedero solo el 34,2% de los residuos que le llegan, de acuerdo con las condiciones de su contrato. En 2011, con una década de funcionamiento del centro, se desechaban casi dos de cada tres toneladas que llegaban.

La empresa lleva con una prórroga forzosa de su contrato desde el 1 de enero de 2020, sin que durante estos años haya salido un concurso para regularizar la situación de la planta, y una de las explicaciones del Gobierno local que rechazó un proyecto anterior de Marea para empezar de nuevo a redactar las condiciones el concurso fue, precisamente, que estas se debían adaptar a la nueva normativa. La resolución de la Junta de Gobierno Local que aprueba este informe ordena también “la entrega, con celeridad”, del “anteproyecto de construcción y explotación” de la planta para realizar su “aprobación definitiva” para avanzar con su contratación, coincidiendo con una huelga de trabajadores de la planta. El Gobierno local declaró este lunes que el plan de viabilidad, “fundamental” para seguir con el proceso de contratación, busca la “optimización” de procesos y cumplir las “últimas actualizaciones legislativas europeas”.

Un valor de 334 millones

El importe total del contrato, que se calcula en base a las cantidad de residuos que se espera que pasen por la planta y las tasas previstas, ascendería a los 334 millones de euros para la empresa. Aunque el texto señala que “las cantidades entrantes son orientativas” y que la empresa debe correr con diversos gastos, entre ellos los de funcionamiento y la inversión de renovación de la planta.

La rentabilidad para la concesionaria tendría un retorno del 4,56%, y el periodo de concesión se ha establecido en 17 años, dos más que los quince que calculaba el Plan Anual de Contratación Municipal de 2020, ya que es “el periodo para el que se estima razonable la vida útil de las instalaciones que se considera necesaria para la realización de los servicios”. El contrato de redacción de los pliegos del contrato, encargado en 2021, aumentaba la cifra, “a priori” hasta los veinte años.

El estudio de viabilidad debe determinar si es factible que una empresa asuma el contrato con las características propuestas, o si tiene riesgos que le impidan cumplir estas condiciones y que puedan evitar que concurran empresas al propio concurso. El texto clasifica el riesgo del contrato en “entre asumible y elevado” y “asumible-alto”, pero considera que no peligra la concurrencia de empresas al concurso. Económicamente, ve “viable la concesión”.

Suscríbete para seguir leyendo