Los concursos de acreedores crecen un 24% en 2022 en A Coruña tras el fin de la moratoria por la pandemia

Los concursos de acreedores han subido durante el año pasado año a cifras similares a las de antes de la pandemia después de que se acabase el 30 de junio la moratoria que liberaba a las empresas con problemas de solvencia de declararse en concurso voluntario de acreedores, que estuvo vigente desde el inicio del estado de alarma y que funcionó como herramienta para que las empresas contasen con un tiempo de margen para recuperarse después de las restricciones derivadas de la pandemia.

Según los datos aportados por el Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Creación de Empresas de Axesor, estos procedimientos han vuelto en la provincia de A Coruña a las cifras anteriores a la pandemia, ya que el año pasado se tramitaron 106 concursos voluntarios de acreedores, un 24% más que con los que acabó 2019 (96) y 24 más de los registrados en 2018 (82). Los años marcados por las restricciones y las limitaciones para evitar contagios de coronavirus tuvieron unas cifras mucho más bajas, ya que estaba vigente la moratoria; el 2020 se finiquitó con 70 concursos y el 2021, con 85.

“Los empresarios tienen una herramienta, que es la contabilidad, que es la que les dice, aplicando unas fórmulas matemáticas —que se llaman ratios de solvencia— en qué momento están en situación de insolvencia. En el momento en el que la empresa entra en esos ratios de insolvencia, ya sea en su estado real o potencial, los empresarios están obligados a declarar el concurso de acreedores, si no lo hacen en los plazos establecidos, corren el riesgo severo de que la deuda de la empresa acabe derivándose en el administrador de la sociedad o empresario.

Lo que se suspendió fue esa obligación legal”, explica el abogado Eduardo Ferreiro, del despacho Talín Ferreiro, que incide en que, en plena pandemia, con la actividad económica reducida tan solo a las actividades esenciales, se corría el riesgo de que todas las empresas se declarasen —en cumplimiento de la legislación vigente en ese momento— “en masa” en concurso voluntario de acreedores. Fue por esta razón por la que se aplicó la moratoria y se suspendió esta obligación hasta el 30 de junio de 2022, que volverá a aplicarse en 2023 y 2024 tras haber sido prorrogada por el Gobierno a finales de año.

Ferreiro explica que el incremento de los concursos —que afectan tanto a un quiosco como a grandes empresas como lo fue en su día Fadesa o recientemente, la constructora Arias Infraestructuras— no viene dado solo por el fin de la moratoria sino que se vio afectado también por “el vencimiento de los créditos ICO”, que están “avalados por el Estado” y tienen un periodo de carencia de un año.

Esto hizo que algunas empresas se encontraran en 2022 con la obligación de empezar a pagar esos préstamos sin haber conseguido todavía estabilizar sus finanzas. Tras el fin de la moratoria, a partir de julio se vieron en la obligación de declararse en concurso voluntario de acreedores.

A estas dos variables se suma otra más, que es el aumento de los tipos de interés a causa de la inflación. “Si a esto le agregamos el famoso estancamiento de la economía, que no sabemos aún cómo va a ser, tenemos la certeza de que habrá una mayor tensión de tesorería”, apunta Eduardo Ferreiro, que conoce el día a día de los juzgados.

Este letrado advierte que, aunque se haya producido un incremento de los concursos, de ningún modo las cifras se parecen a las de la crisis económica de 2012 y 2013 cuando “el goteo de empresas que se declaraban en concursos de acreedores era constante”.

En todo caso, a mediados de diciembre, la vicepresidenta primera y Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, anunció que el Gobierno extendería la moratoria concursal tanto en 2023 como en 2024 para dar a las empresas tiempo para poder equilibrar sus finanzas tras las pérdidas acumuladas durante la pandemia.

“Vamos a extenderlo durante 2023 y 2024 para dar a todas las empresas viables, solventes, más tiempo para poder reequilibrar sus balances”, fue el realizado por Calviño, que finalmente se confirmó mediante un decreto publicado el pasado 28 de diciembre.

Suscríbete para seguir leyendo