El Estado cederá sin coste la prisión de Soria al Ayuntamiento cuando construya la nueva

El pago de una compensación económica no es la única fórmula para la recuperación por los ayuntamientos de los centros penitenciarios construidos en terrenos cedidos al Estado, solución por la que se apostó en 2005 en A Coruña. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) suscribió un convenio con el Ayuntamiento de Soria mediante el que se compromete a colaborar en el proceso de reversión de la prisión de esa ciudad —puesto en marcha mediante un acuerdo del pleno del pasado mes de agosto— una vez que se construya la que se prevé construir a corto plazo.

El objetivo del Gobierno local soriano, según la información difundida oficialmente, es que los terrenos en los que se encuentra la cárcel, a los que define como un “espacio vital” sean destinados a la construcción de viviendas de protección pública. La iniciativa tiene más relevancia si se tiene en cuenta que este recinto figuraba en el Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios como destinado a la venta, aunque la gestión de los responsables municipales consiguió modificar esa decisión.

La iniciativa adoptada en Soria no es la única de este tipo en los últimos años, ya que la Siepse también devolvió al Ayuntamiento de Granada la antigua prisión de la ciudad, cuyo terreno ocupaba 2.670 metros cuadrados. Del edificio solo se conserva en la actualidad la puerta principal, ya que cuenta con protección patrimonial y se ha convertido en un espacio dedicado a la Memoria Histórica, en el que se recuerda a las personas que fueron recluidas en ese lugar a causa de sus ideas durante la dictadura franquista.

La reversión de propiedades municipales cedidas al Estado es posible cuando se efectúan mediante una donación modal, que implica que la entrega de los terrenos está condicionada a un determinado fin, por lo que cuando deja de realizarse la actividad para la que se realizó, puede solicitarse la devolución. Este sistema fue empleado por numerosos ayuntamientos españoles durante los años setenta y ochenta acogiéndose a la normativa vigente en aquel momento, lo que permitió a ciudades como Reus recuperar el centro penitenciario El Roser, que, tras años de abandono, se ha convertido ahora en un centro social de atención integral a personas sin recursos.

Reus, ejemplo para la cárcel coruñesa

Esta misma fórmula fue empleada para recobrar instalaciones militares, pero la iniciativa debe partir siempre de los ayuntamientos mediante la solicitud de la reversión, a la que no recurrió en 2005 el Gobierno local de Francisco Vázquez, que optó por un convenio mediante el que cedió suelo en As Lagoas para la construcción del Centro de Inserción Social y se comprometió a aportar 1,2 millones a cambio de la antigua prisión.

El Estado construyó el edificio destinado a los reclusos de tercer grado, pero el Concello no llegó a recuperar la cárcel porque el Gobierno local del Partido Popular decidió anular el acuerdo al considerarlo lesivo para el Concello. La Siepse llevó el caso a los tribunales, que le dieron la razón al estimar que el convenio de 2005 sigue vigente. La entidad estatal reclama ahora no solo los 1,2 millones acordados hace 18 años, sino una cantidad mayor en concepto de intereses, gastos de mantenimiento del edificio durante ese periodo e incluso intereses sobre estos.

El Ejecutivo municipal socialista pactó con la Siepse reducir la cantidad a 2,3 millones, con una rebaja de 516.000 euros sobre la prevista inicialmente, pero al llevar este asunto al pleno a finales del mes pasado, la oposición lo rechazó al considerarlo perjudicial para el Concello.

El de Huelva fue otro ayuntamiento que se decantó en 2006 por esta solución para recuperar la cárcel de la ciudad, ya que suscribió un convenio en el que figuraba una permuta de propiedades, aunque, a diferencia de A Coruña, fue aprobado por el pleno y no por el alcalde, como sucedió en 2005 con Francisco Vázquez. También en Huelva surgieron luego discrepancias sobre esta iniciativa, ya que el Gobierno local se negó a abonar los 2,2 millones acordados tras haber cedido una parcela para construir el Centro de Inserción Social.

Una sentencia de 2015 obligó finalmente al Ayuntamiento a pagar la cantidad pactada, así como los intereses generados, pero sin incluir gastos de mantenimiento. El pago se efectuó finalmente en dos plazos en los años 2019 y 2020, pero en el caso de A Coruña no hay una sentencia que establezca la obligación de abonar la cantidad mencionada en el convenio, ya que la existente tan solo anuló la revisión de oficio del convenio de 2005.

Otra diferencia entre los procesos seguidos en Huelva y A Coruña es que en la primera ciudad se abrió un expediente sancionador contra la Siepse por el estado de abandono en el que se encontraba el edificio de la prisión, que cuenta con protección patrimonial. Por el contrario, en la localidad andaluza no se suscribió un acuerdo para el uso de la cárcel por el Ayuntamiento mientras no se producía la entrega definitiva, lo que sí se hizo en A Coruña en 2016 por el Gobierno de Marea Atlántica para poder organizar actividades en su interior.

El PP exige un nuevo acuerdo con el Estado

El pleno municipal que se celebrará el próximo jueves debatirá una moción del Partido Popular que reclama al Gobierno local que negocie un nuevo acuerdo con la Siepse para recuperar la antigua cárcel. Los populares consideran que el que fue rechazado en la sesión del 28 de diciembre “no era bueno para los coruñeses”, por lo que exigen uno que reduzca la cantidad que debe abonarse, así como el compromiso del Estado a colaborar en la rehabilitación de la prisión, de cuyo deterioro le responsabilizan en exclusiva. También destacan que el acuerdo se firmó sin informar a la oposición y se llevó a pleno solo dos días después de su paso por una comisión municipal.

Suscríbete para seguir leyendo